Buena parte de los ríos en Mesoamérica fueron concesionados a empresas privadas, las cuales reciben fondos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM por sus siglas en inglés) o empréstitos de los organismos financieros internacionales. La gran mayoría de estas concesiones, tomaron por sorpresa a los pueblos indígenas que nunca fueron consultados al respecto.

Uno de los factores cruciales omitidos por los estudios de impacto ambiental de las hidroeléctricas, es el cambio climático y las alteraciones que se presentarán en los patrones de precipitaciones pluviales, tomando en consideración los largos períodos de sequía asociados con el fenómeno del niño, y sus consecuencias para el caudal ecológico de los ríos.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en un reciente informe intitulado ” La Economía del Cambio Climático en Centroamérica (2012)”, incluye el estudio “Dos casos de impactos potenciales de hidroelectricidad“, en el cual hace referencia a las consecuencias que traerán las sequías en  los caudales de los ríos y el efecto del calor y subsecuente evaporación en los espejos de agua de los embalses.

En los últimos años se ha recrudecido la imposición de la construcción de hidroeléctricas concesionadas por los estados-nación a cuestionados empresarios,  bajo el mandato del ECPA (Energy and Climate Partnership of the Americas) vienen concediendo licencias ambientales  a doquier; con el supuesto objetivo de adquirir autosuficiencia energética, sin tomar en consideración las graves consecuencias ambientales y sociales de los inconsultos proyectos.

Agua Zarca, el BCIE y la denegación al derecho a la consulta.

El territorio del pueblo Lenca de Honduras es uno de los mas afectados, ante la construcción de 17 represas en su territorio.  Muchas de ellas reciben o han recibido  fondos de los CDM. En el caso especifico de Agua Zarca, la empresa Desarrollo Energético Sociedad Anónima (DESA), obtuvo un préstamo por us$ 24.4 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La represa de Agua Zarca afectará a las comunidades Lencas de Chorrera, Tejera la Unión, San Bartolomé y Agua Caliente. El Estado de Honduras en el año 2001 se comprometió efectuar las consultas apropiadas con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH), e incluso en el marco del 143 Período de Sesiones de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de octubre del 2011, en relación a las Violaciones de derechos humanos en el marco de las Concesiones de Recursos Naturales en Honduras, una de las abogadas del Estado señaló el compromiso de “Redactar y consensuar el Reglamento Especial para la consulta de proyecto ambientales tanto de carácter general como en el marco del Convenio 169″, además agregó que “el actual Ministro dio órdenes específicas que para el año del 2012 esos dos reglamentos estén en vigor”.

La actual administración gubernamental post golpe de estado se ha destacado por violar de forma sistemática el derecho a la consulta, al emitir un sinnúmero de leyes y decretos que afectan directamente los territorios de los pueblos indígenas y su sobrevivencia como culturas diferenciadas.

Tabasara: La represa de Barro Blanco y los petroglifos sagrados del pueblo Buglé

Panamá es el país donde los pueblos indígenas de Centroamérica han sido mas afectados en los últimos años con la construcción de represas hidroeléctricas. La construcción de las inconsultas  represas de Bonyc-Teribe en el territorio del pueblo Naso y la Chan 75 en el territorio Buglé, demostraron la total ausencia de respeto del Estado de Panamá y sus empresarios hacia los pueblos indígenas de ese país.

La construcción de la represa de Barro Blanco recayó en manos de la empresa Generadora del Istmo Sociedad Anónima (GINESA) propiedad del “hondureño” Luis Kafie, controvertido empresario que se encuentra ligado a la producción de energía térmica en Honduras.

Barro Blanco es una de los proyectos de energía limpia que recibe fondos del CDM y del BCIE, a pesar de haber sido repudiada en múltiples ocasiones por el pueblo Ngabe Buglé, ante la destrucción de petroglifos localizados en el río que son considerados sagrados.

En las riberas del Tabasara habitan mas de 40 comunidades que dependen del río para su transporte fluvial y la obtención de alimentos. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) disminuyo el numero de pobladores que serían desplazados y afectados.

El pasado 24 de marzo fue asesinado el indigena Ngobe Bugle Onésimo Rodriguez en las faldas del volcán Chiriquí, aparentemente el crimen fue cometido por policías enmascarados, los cuales capturaron al indígena tras éste haber participado en  una manifestación de protesta por la construcción de la represa de Barro Blanco.

Santa Cruz Barillas, pueblo Kanjobal Maya y el estado de excepción.

El gobierno de Guatemala militarizó el año pasado en el mes de mayo del 2012, y encarcelo ocho líderes comunitarios  durante 254 días, como consecuencia de la represión desatada por el Estado de Guatemala ante la resistencia comunitaria contra la construcción de una represa hidroeléctrica a manos de la compañía española Ecoener Hidralia Energía, para la construcción del proyecto hidroelectrico Cambalan,  que producirá  4.96 megavatios.

Cambalan es otro de  los proyectos hidroeléctricos que recibe fondos del CDM, y en el cual tampoco se ha respetado el derecho a la consulta y consentimiento previa libre e informada. Al contrario: la opinión de la comunidad ha sido irrespetada, al mismo tiempo que Santa Cruz Barillas fue militarizado y su población agredida y reprimida por las fuerzas de seguridad del actual régimen de ultraderecha guatemalteco.

El régimen de excepción o estado de sitio declarado en Santa Cruz, permitió a las fuerzas de seguridad  allanar sistemáticamente las viviendas de los habitantes de Santa Cruz y aldeas circunvencinas, tras haber señalado a la población maya-kanjobal por un supuesto hurto de armas de un destacamento militar  durante  una manifestación, situación que justificó la presencia de 1200 militares en la zona.

El pasado 15 de marzo fue detenido en una aldea de Santa Cruz Barillas, el defensor de derechos humanos Rubén Herrera. El encarcelamiento de Herrera es parte de la campaña de intimidación librada por las autoridades guatemaltecas y lo empresarios españoles que pretenden la imposición de Cambalan, a pesar de la férrea oposición de la población Maya.

“Energía Limpia” y la persecución a los pueblos indígenas de Centroamérica.

Los proyectos hidroeléctricos en los territorios de los pueblos indígenas en Centroamérica pululan, al mismo tiempo los cambios en los patrones  de precipitación pluvial indican que los caudales ecológicos de los ríos se verán severamente afectados. Sin embargo el CDM y el BCIE ignoran el derecho a la consulta que poseemos los pueblos indígenas, y los severos efectos que se vaticinan en relación al cambio climático en el istmo.

A finales de los  años 90 el Banco Mundial promovió el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), programa que descalificó los derechos territoriales de los pueblos indígenas, promoviendo áreas protegidas a doquier y cercenando el derecho al uso de los hábitats de los pueblos. Posteriormente el Banco Interamericano de Desarrollo saco a relucir el Plan Puebla Panamá, el cual en su esencia desconoció el CBM. En la actualidad se construyen represas hidroeléctricas lo largo y ancho del istmo, sin que que hubiésemos escuchado algún posicionamiento de los ambientalistas de escritorio insertados en los organismos financieros o sus clones.

Los pueblos indígenas no descansaremos en reclamar los derechos que nos corresponden y exigimos a  implementación al derecho a la consulta-consentimiento previo libre informado, como el mecanismo más adecuado para frenar la ofensiva neocolonialista que actualmente enfrentamos.

Sambo Creek, La Ceiba Atlántida 3 de Mayo del 2013

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

POR LO TANTO EXIGIMOS Y DECLARAMOS:
•    Cese la usurpación sistemática de nuestras tierras y territorios por parte de particulares ante el silencio  cómplice del estado gobierno de Honduras.
•    Exigimos la derogación inmediata de los decretos inconstitucionales tales como: Regiones Especiales de Desarrollo (RED), Decretos de Proyectos Hidroeléctricos, Ley de Minería Hidrocarburos y otras  leyes  y decretos que afecten la integridad territorial y cultural  de nuestros pueblos.
•    Ante la vulnerabilidad de las comunidades indígenas del páis especialmente de los  Garífunas, Misquitas, Pech  y  Tawakas  ante los efectos del cambio climático;
•    Exigimos al estado establecer una política efectiva y veraz Estrategia de Mitigación y adaptación al cambio Climático que vaya más allá de las falsas soluciones al cambio climático promovida por los organismos financieros internacionales.
•    Que el gobierno proceda a respetar y aplicar de manera íntegra el contenido del  convenio 169 de la OIT sobre los derechos indígenas y tribales en Estados independientes al tiempo que deploramos la actitud servil de algunos profesionales del derecho que pretenden confundir la opinión publica al promover la falsedad que se debe reglamentar el convenio 169 violentando de esa forma el artículo 18 de la constitución de Honduras que dice: “Cuando haya conflicto entre la constitución y el tratado internacional, prevalece el tratado”.
•    Que se emitan medidas cautelares y urgentes que garanticen la seguridad y el respeto a la integridad física, psíquica de nuestros líderes amenazados por luchar y defender nuestros territorios y biodiversidad
•    Nos solidarizamos con el pueblo Lenca de Honduras en su lucha contra la explotación minera a cielo abierto en el sector de la pretendida represa de Agua Zarca.
•    Exigimos justicia para nuestros hermanos del pueblo miskito cuyos miembros fueron masacrados  por agentes de la Agencia Antidroga de  los Estados Unidos, DEA.
•    Exigimos que el gobierno de Honduras proceda de una vez por todas a sanear y entregar formalmente el usufructo de las tierras de Vallecito a sus legítimos dueños que es el pueblo Garífuna.
•    Acordamos fortalecer el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras, ODHPINH, como un espacio de alianzas y articulación de nuestros pueblos indígenas, para la defensa de nuestros derechos territoriales y biodiversidad.
•    Acordamos impulsar los encuentros y articulación de la juventud y las mujeres indígenas.

Agradecemos profundamente la solidaridad internacional de nuestr@s herman@s de El Salvador y Norteamerica, quienes con mucho sacrificio se trasladaron hasta Honduras y concretamente a nuestras tierras para brindar solidaridad en la acción a nuestras luchas.

Invocamos el espíritu de Satuyé, Baráuda, Lombardo Lacayo, Ítaca y Lempira para lograr la Emancipación que esperamos.

!! A 216 AÑOS DE PRESENCIA GARIFUNA EN HONDURAS, CON LA FUERZA DE NUESTROS ANCESTROS, LA VICTORIA SERA NUESTRA !!!

Vallecito, municipio de Limón, Colón 30 de abril de 2013.

Desde hace mas de treinta años en el golfo de Honduras, se inició la  sobrepesca irracional, fomentada por la flota pesquera industrial, quien en su mayoría tiene como base la Isla de Roatan. La fiebre de la exportación del camarón, generó la destrucción de la riqueza ictiológica: por cada libra de camarón extraído se calcula la pérdida de 7,5 kilos de otras especies.

Según la Ley de Pesca vigente, la cual data del año 1959, el pescador artesanal puede realizar su actividad productiva en la franja de las tres millas náuticas a partir de la línea de la costa, con embarcaciones de una capacidad menor a tres toneladas. Sin embargo la excepción impuesta a la flota industrial de las tres millas náuticas- la cual es el santuario de los pescadores artesanales- ha sido violado sistemáticamente por la flota industrial.

Los pescadores artesanales Garífunas además de sufrir el constante saqueo de su santuario a manos de los industriales, también se vieron afectados por las restricciones de las leyes forestales hondureñas, que impiden la obtención de arboles para la construcción de cayucos, situación que convirtió a los cayucos tradicionales de madera en costosos objetos, fuera del alcance económico de los pescadores; mientras tanto el bosque sucumbió a manos de deforestadores vinculados a la elite de poder y los pirómanos de turno.

Del Anteproyecto de Ley de Pesca y el Derecho a la Consulta.
En el año 2011, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) presentó un anteproyecto de Ley de Pesca, el cual en su artículo 92 indica que “velará por la efectiva participación de los pueblos indígenas”, agregando además: ¨En lo posible, en los procesos de consulta se utilizaran los medios de comunicación que garanticen la correcta y profunda información a estas comunidades y el tiempo necesario para la correspondiente retroalimentación”. Incluye además en el artículo 149 el reconocimiento de las tres millas del santuario de los pescadores artesanales.

Cabe señalar que la versión del anteproyecto del 2011, nunca fue socializado con  el pueblo Garífuna y mucho menos con los pescadores artesanales. Nuestra organización solicitó el anteproyecto ante la Dirección General de Pesca (DIGEPESCA) y ésta se llamó al silencio.

Aparentemente en la actualidad se encuentra en el Congreso Nacional un nuevo anteproyecto de Ley en discusión y análisis según un artículo publicado por el ambientalista Jorge Varela, la nueva versión excluye las tres millas de la franja costera que han sido utilizadas para la sobrevivencia del pueblo Garifuna, además de las Cuotas Transferibles de Pesca  (ITQ por sus siglas en inglés), situación que puede culminar en una forma de privatización del mar.

Como todas las leyes de corte neoliberal aprobadas en la actual administración Lobo, y que se ha destacado por vender el país a  retazos, la nueva Ley de pesca no ha sido consultada de forma adecuada,y pone aun mas en peligro la precaria situación por la que atraviesan los pescadores Garinagu.

La pesca de arrastre y el ecocidio en el Caribe.
La sobrepesca causada en su mayoría por la pesca de arrastre ha generado la  destrucción en la cuenca del Caribe, además la depredación de muchas especies por la pesca de descarte, las redes utilizadas suelen modificar el relieve de los fondos marinos.

Existe una tendencia para tratar de frenar este tipo de ecocidio: Venezuela prohibió la pesca de arrastre en el año 2009,  en el 20012 Ecuador tomó una medida similar, en Costa Rica existe una campaña para lograr frenar la pesca de camarón por arrastre. Mientras, la Unión Europea propone frenar la pesca de arrastre en el fondo de las aguas profundas del atlántico noreste.

Los pescadores artesanales además de la enorme competencia que representa la pesca de arrastre, sufren las consecuencias del cambio climático el cual afecta a muchas especies, que buscan aguas mas profundas para poder adaptarse a los cambios de temperaturas oceánicas.

El cambio climático afecta severamente a los corales y manglares, ya que están amenazados tanto por el calentamiento global como por la acidificación de los  océanos y la salinización de las lagunas costeras, ecosistemas fundamentales para la reproducción de un  sinnúmero de especies marinas.

De la desaparición de los pescadores artesanales y el derecho a la alimentación.
Las problemáticas que actualmente padecen los pescadores artesanales, parece ser que se incrementarán con el inconsulto anteproyecto que se discute en el Congreso Nacional.

El irrespeto sistemático al derecho a la consulta ha sido señalado en el Fondo del Caso de la Comunidad Garifuna de Triunfo de la Cruz, el que actualmente se ventila ante la Corte Interamericana. La CIDH “recomendó al Estado establecer, con la participación de los pueblos indígenas, las medidas legislativas o de otra índole, necesarias para hacer efectivo el derecho a la consulta previa, libre, informada y de buena fe, conforme a los estándares de derechos humanos internacionales”

Sambo Creek, 15 de Abril del 2013

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

La represa hidroeléctrica estará dotada de tres turbinas de 7,52 MW, las cuales serán suministradas por la compañía Voith Hydro Brasil. Agiu Zarca es la hidroeléctrica más grande del paquete de 24 proyectos aprobado por el Congreso Nacional en julio del año pasado.

Varios de los ríos en el territorio lenca han sido entregados al la elite de poder nacional, con el propósito de producir energía limpia, sin tener en cuenta los efectos del cambio climático en el caudal ecológico y las consecuencias que representa para las comunidades que han preservado durante siglos las cuencas hidrográficas.

El cambio climático ha comenzado a alterar los patrones de lluvia que alimentan nuestro sistema natural de transporte entre la tierra y el océano, sin embargo estas alteraciones n se han tomado en cuenta en los Estudios de Impacto Ambiental y mucho menos en las licencias concedidas por la Secretaria de Recursos Naturales.

En el territorio Lenca se construyó la represa hidroeléctrica de la Esperanza  uno de los primeros proyectos financiados por el fondo de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) de Naciones Unidas.  Al igual que otras represas aprobadas por el MDL para Honduras, en ningún momento se efectuó consulta previa libre e informada (CPLI).

la actual administración Lobo se ha caracterizado por un consistente desprecio al CPLI, siendo uno de los casos casos mas notorio  el del Patuca III, proyecto en el que se ignoró totalmente los Convenios 169 de la OIT y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP por sus siglas en inglés).

El BCIE aprobó el proyecto sin tener en consideración la posición de las comunidades afectas por la hidroeléctrica. Ya existe un nefasto historial de esa institución financiera en relación al represa Bonyc en el río Teribe Panama, donde habita el pueblo naso. El Banco otorgó un empréstito de us$ 51 millones  que la Empresa Pública de Medellin utilizó para represar el río, el cual se encuentra en una área protegida.

En Honduras, al igual que el resto de Centroamérica, existe una ofensiva en contra de los ríos, en nombre de una supuesta producción de energía renovable, sin tener en cuenta el impacto que causa la intensificación del cambio climático y las enormes consecuencias  que tendrá en el caso de Honduras de la disminución de las precipitaciones en especial en los ciclos del fenómeno del niño que tienden a ser más largos y producir mayores sequías.

El estado desconoce el derecho a la consulta, situación  ventilada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la comunidad de Triunfo de la Cruz. la Corte señala que: “La Comisión recomendó al Estado establecer, con la participación de los pueblos indígenas, las medidas legislativas o de otra índole, necesarias para hacer efectivo el derecho a la consulta previa, libre, informada y de buena fe, conforme a los estándares de derechos humanos internacionales; adoptar un recurso eficaz y sencillo que tutele el derecho de los pueblos indígenas de Honduras a reivindicar y acceder a sus territorios tradicionales y que permita proteger dichos territorios ante acciones de parte del Estado o terceros que infrinjan su derecho de propiedad”.

El irrespeto que está cometiendo el autoritario Estado de Honduras, es una muestra mas del desconocimiento al CPLI y por ende al derecho internacional., ademas de la estulticia perversa  y sistemática de sus funcionarios.

Sambo Creek 11 de abril de 2013

Organizacion Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

La  Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED) alias Ciudades Modelo, propulsada por la administración Lobo, coloca a nuestro pueblo a punto de ser expulsado una vez mas, repitiéndose la fatídica historia de San Vicente a finales del siglo XVII, cuando los Británicos nos deportaron de la Isla donde surgió nuestra cultura.

Mas allá del despojo territorial que se está efectuando en la actualidad, se está fraguando un despojo de la cultura surgida como sincretismo entre los pueblos Arawak-Caribe y los náufragos africanos arribados a San Vicente en el siglo XVII.

De Garifunas a afrodescendientes via decreto gubernamental.
Ya sea por ignorancia o intereses, ciertos grupúsculos vienen promoviendo una negación del bagaje indígena que existe en nuestra cultura, y así convertirnos en simples afrodescendientes. Nuestro idioma se cataloga como Arawak Maipure Norteño, siendo casi inexistente los aportes de origen africano. Nuestra cultura se circunscribe entre los pueblos de la  yuca amarga provenientes de la cuenca del río Orinoco.

Los brillantes “políticos” hondureños procedieron vía decreto a transformar al pueblo Garífuna en simples afrodescendientes, y para el próximo censo nacional se nos catalogará por el color de la piel mas que por la cultura que poseemos.

Por supuesto que existen enormes intereses por parte de los promotores de esta propuesta: los pueblo indígenas poseemos derecho según los Convenios y Tratados internacionales, mientras que  las minorías étnicas desafortunadamente les son denegados. En otras palabras se facilita el despojo al pasar de pueblo a minoría étnica.

Del Banana Coast a la Ciudad Modelo
La demolición de la comunidad Garífuna de Río Negro se llevó a cabo a finales del año 2009 e inicios del 2010. Casualmente en el período de la dictadura de Micheletti, cuando el rey del porno canadiense, a través de las presiones provenientes de la Municipalidad de Trujillo, y bajo la amenaza de expropiación forzosa lograron comprar las parcelas de los propietarios Garífunas a precio de gallo muerto.

La administración Lobo continuó el despojo a beneficio del Banana Coast, bajo el marco de las ciudades modelo, declaradas inconstitucionales en primera instancia y posterior al golpe del poder legislativo al judicial (12-12-12) reintroducidas nuevamente. Se ha planificado y se está ejecutando el despojo y el desplazamiento poblacional del  pueblo Garifuna, sin que los auto denominados afrodescendientes hayan asumido hasta la fecha una postura contundente en defensa del territorio ancestral, conformándose a formar parte del corrillo de aduladores de la administración Lobo.

El derecho a la consulta y la defensa del pueblo Garifuna
En los últimos tres años, mas allá del desangre salvaje que nos ha convertido en el país mas violento del mundo, el Congreso nacional ha emitido un sin fin de leyes de corte neoliberal, que afectan a los pueblos indígenas del país, sin haberlas consultado de forma apropiada, dando lugar al saqueo destrucción de los hábitats que hemos preservado durante siglos.

No podemos continuar con las ceremonias de poder que en nada benefician al pueblo Garifuna y en este caso solo benefician a un gobierno espurio que viene utilizando nuestro pueblo e identidad cultural para justificarse, mientras nuestras comunidades cada día están a merced de los grupos de poder ligadas al crimen organizado; mientras el gobierno de Lobo continua aprobando Leyes que atentan contra nuestra sobrevivencia como pueblo culturalmente diferenciado; llámese Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (Ciudades Modelo), Plan de Nación y de País, Decretos de “Energía Renovable”, Ley de Minería e Hidrocarburos, el Programa REDD+, y el actual anteproyecto de Ley de Pesca.

Sambo Creek, Abril 10 de 2013

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Es de conocimiento público, que en Honduras actualmente existe una pugna visceral entre grupos de la ultraderecha para controlar el país, especialmente después del golpe de estado del año 2009. Los viejos socios se enfrentan a raíz del masivo fraude electoral cometido en las elecciones del pasado noviembre, donde el actual Presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, ha sido ungido  heredero de la casa presidencial.

El despliegue de la denuncia de Lobo en relación al supuesto complot, fue  la antelación del golpe perpetrado por el Poder Legislativo al Judicial, cuando fueron destituidos por el Congreso nacional cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia que semanas antes habían emitido el fallo de inconstitucionalidad de la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED) conocida como Ciudades Modelo, iniciativa que se perfila como un proyecto neocolonial, y  no es mas que un  pingue negocio para la élite de poder nacional e inversionistas extranjeros.

Canahuati Larach, honorable miembro de la siniestra SIP (Sociedad interamericana de Prensa) jugó un enorme papel en el golpe del 2009 en contra de Manuel Zelaya. A los pocos meses de haber asumido Zeleya la  presidencia, Canahuati perdió su lucrativo negocio de venta  sin licitación de medicinas y armas al Estado. A partir de los seis primeros meses del mandato de Zelaya, los períodicos de Canahuati iniciaran una campaña de desestabilización, incrementada a medida del acercamiento de Honduras al AlBA y PETROCARIBE.

La SIP y sus miembros en el presente siglo se han destacado por sus campañas de desinformación e intimidación en contra de gobiernos populares, logrando desfigurar el derecho a la libre expresión, al utilizarlo como un arma de doble filo, mas dirigida a proteger los intereses de las minorías que han venido saqueando a América Latina.

La administración Lobo, radios comunitarias y el derecho a libre expresión.
A finales de enero del año 2001, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) efectuó una consulta electrónica que duró una semana con el propósito de emitir una resolución mediante la cual se pretendía suspender el otorgamiento de nuevas frecuencias para emisoras radiales de baja potencia, alegando la existencia de un alto grado de saturación en la ocupación del espectro radioeléctrico dentro de la banda 88–108 MHz.

Durante el período posterior al golpe denominado el “intinerato” y de la actual administración, las radios comunitarias en Honduras han sufrido de persecución estatal. A inicios del año 2010, la Radio Faluma Bimetu de Triunfo de la Cruz fue incendiada por desconocidos, ante su defensa acérrima del territorio ancestral de esa comunidad. Los miembros de la Radio Zacate Grande, han sido frecuentemente hostilizados por las autoridades, ademas de los integrantes de la Voz Lenca. Se suma a estas represiones la ejecución de comunicadores sociales, crímenes que nunca han sido investigados de forma fehaciente.

En los últimos tres años, el absurdo incremento de la violencia en Honduras y el estado fallido inducido en el cual sobrevivimos, ha dado lugar a una mordaza informativa, que en la mayoría de los  casos es impulsado por los propietarios de los latifundios mediáticos. Los pocos medios de comunicación independientes existentes, suelen acallarse ya sea por temor o  por el efecto de las dádivas estatales.

De los borradores de la nueva Ley de Telecomunicaciones y su presunta efectividad.

En Honduras puede existir una ley perfecta, pero desafortunadamente ante las condiciones de indefensión jurídica que padecemos los hondureños, la aplicación de la misma se desvanecerá en medio de los intereses de la elite de poder. La falta de independencia entre los poderes del Estado, ratificada por el golpe del 12-12-12, sumió al país en una dictadura civil, con un plan de nación marcado por la entrega del territorio, yacimientos de hidrocarburos y los remanentes de los recursos forestales al capital extranjero.

El debate surgido alrededor de la denominada “Ley Mordaza”, es una pugna entre los señores feudales “gobernantes” del país desde hace décadas. El fraude que se avisora en las próximas elecciones, obliga al partido nacional refrenar a los medios de comunicación que puedan criticar la imposición del candidato ungido como futuro presidente del país. La Expropiación Forzosa incluida en la ley, es una herramienta para acallar cualquier posible denuncia sobre el fraude que se cuece desde el Congreso Nacional para así lograr el continuismo y ejecutar mas libremente el plan de subasta del país, vendido por la actual administración como el plan de nación.

Para la OFRANEH conceder el beneficio de la duda a la administración Lobo sería un acto de traición a nuestro pueblo, ante el inminente peligro de perder gran parte de nuestro territorio a través de la inconstitucional Ley RED o Ciudades Modelo. Si hace dos años desde CONATEL trataron de restringir las radios comunitarias, con la apertura del dial pretendido por Lobo, simplemente se dedicará el actual gobierno a otorgar frecuencias para radios “comunitarias” manejadas desde patronatos nacionalistas, oneges de ultraderecha e incluso iglesias fundamentalistas.

Al final de cuentas, el problema con los borradores de la nueva Ley es mas político que de fondo jurídico.

Sambo Creek, 4 de Abril del 2013

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

El estado de Honduras participó en Washington entre  los días 19 al 22 de marzo, en una reunión del FCPF (PC14), ademas de Chile, Papua Nueva Guinea, Suriname, Tailandia y Vanatu. Los seis países compartirán 23 millones de dólares, con el propósito supuestamente de prepararse para la implementación de los programas REDD +.

En el borrador del denominado R-PP de septiembre del 2012, la OFRANEH es mencionada como “La organización que dicta las políticas indígenas en los territorios Garífunas, hace incidencia política y vela por el derecho del pueblo”, ademas  en el mismo borrador se incluye a la organización en los talleres de socialización y preconsulta que nunca fueron realizados. Como por arte de magia y sin haber contactado los funcionarios estatales o de Naciones Unidas a nuestra organización, en el R-PP de marzo del 2013, la OFRANEH desaparece del documento como la organización representante del pueblo Garífuna.

La actitud asumida por la Secretaria de Recursos Naturales (SERNA), el FCPF y ONU-REDD de excluir a la OFRANEH en la elaboración del R-PP, deniega el derecho a la consulta que poseemos los pueblos indígenas, situación que previamente había sido señalada por la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) en su carta de febrero del 2012. Ciertamente es un misterio como la CONPAH aparece ahora firmando una una carta de aceptación, cuando es de conocimiento público que la actual administración gubernamental, regida por el Sr. Porfirio Lobo viola sistemáticamente los derechos humanos y desconoce totalmente el derecho a la consulta.

Honduras ratificó el Convenio 169 de al OIT en el año de 1995, y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el año 2007, no obstante el Derecho a la Consulta previa libre e Informada (CPLI) continua siendo ignorado, existiendo una larga lista de violaciones a dicho derecho. Hasta la fecha ninguna administración gubernamental ha realizado algún esfuerzo por legislar una Ley  para  la Consulta.

Una de las mayores aberraciones neocolonialistas que se ha dado, es la emisión de la Ley de Propiedad, la cual en su artículo 100 del Capítulo III, apertura la destrucción de la propiedad comunitaria. Esta se encuentra íntimamente ligada con la cosmovisión de los pueblos indígenas y es fundamental para la preservación de los territorios ancestrales.

La OFRANEH realizó una consulta comunitaria  en el año 2003, en relación a la Ley de Propiedad, donde rechazamos los dos borradores presentados por el estado de Honduras. En el año 2004 se aprobó la Ley, sin que se tomara en cuenta las observaciones presentadas por la asamblea comunitaria garifuna. Posteriormente la OFRANEH recurrió al Panel de Inspección del Banco Mundial. organismo financiero que impulsó la Ley de Propiedad. El Panel señaló que el Estado de Honduras no se ciño al Convenio 169 de la OIT. En el año 2009 recurrimos a la Corte Suprema de Justicia, la cual en el 2010 declaró sin lugar el recurso interpuesto. Actualmente se ventila como una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (CIDH). La Ley de propiedad vigente, en su Capitulo III artículo 100, se presta para finiquitar los títulos comunitarios que defienden los exiguos reconocimientos territoriales otorgados por el estado de Honduras

La actual administración Lobo viene promoviendo una serie de proyectos altamente destructivos, al mismo tiempo violentando el  CPLI de forma sistemática: desde la inconsulta represa del Patuca III y la destrucción de los humedales de la Moskitia, la explotación petrolera en la plataforma continental y las graves consecuencias que acarreará para la plataforma continental en el golfo de Honduras, pasando por las innumerables microrrepresas en el territorio del pueblo Lenca, hasta las Regiones Especiales para el Desarrollo (RED) y la abusiva subasta del territorio Garífuna.

No desconocemos la gravedad de la deforestación que existe en el país, donde se pierde 3,4% de su cobertura forestal por año. La mayorías de las comunidades indígenas del país vivimos en áreas protegidas o sus zonas de amortiguamiento, indicador de la preservación de nuestras hábitats. La corrupción y la ingobernabilidad imperante son los pilares del ecocidio existente y los mayores depredares del bosque se encuentran dentro del Congreso Nacional o  forman parte de los partidos políticos tradicionales, basta ver el informe de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), documento del año 2005, el cual señala las conexiones entre políticos  y deforestares. Desafortunadamente el documento de la de la EIA continúan siendo vigentes.

No nos extraña la posición  asumida por el Estado de Honduras a través de SERNA,   especialistas en ignorar o comprar voluntades como parte de su estrategia oficial. Preocupante es la actitud de las Naciones Unidas en Honduras, conociendo la deplorable condición del país, la ausencia de respeto a los derechos humanos y de los pueblos indígenas, faculte al programa REDD+ lo que se puede convertir en un saqueo de los territorios de los  pueblos indígenas, ademas de violar su propia Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El retiro de la Confederación de Pueblos Indígenas de Panama (COONAPIP) del programa, UN-REDD y los señalamientos del Consejo Indígena Centroamericano (CICA) sobre “intolerancia y discriminación  racial hacia los Pueblos y organizaciones indígenas”, son señalamientos sumados al repudio que la OFRANEH ha venido indicando sobre el Programa REDD+, el cual cada día demuestra nos es mas que una falsa solución al cambio climático, y una forma mas de desterritorialización y acaparamiento de tierras y territorios.

Sambo Creek, La Ceiba Atlántida, 3 de Abril del 2013

Organizacion Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Después de nueve años y cinco meses de haber presentado la petición original ante la Comisión, remite el caso a la Corte, tras haber acumulado las pruebas suficientes para que  la problemática territorial de la comunidad garífuna  pasara a manos de esa instancia en Costa Rica.

Desafortunadamente en Honduras el estado de ley es cada día mas endeble, especialmente a partir del golpe, y mucho más con la eliminación de la independencia de poderes a raíz del golpe del 12-12- 2012.

El caso de Triunfo de la Cruz incorpora mas de dos docenas de diferentes abusos cometido por la elite de poder del país que se ha apoderado de gran  parte de la comunidad, ademas de la apropiación de su hábitat funcional con la creación del Parque Nacional Punta Izopo, manejado como una propiedad privada del “palmero de la muerte” (Miguel Facusse).

Desde hace mas de tres décadas, se inició  las especulaciones de “bienes raíces” alrededor del proyecto Bahía de Tela, facilitada a través de la ampliación el casco urbano  de la Ciudad de Tela, situación que conllevó a la apropiación de franjas de las comunidades Garífunas, dejando  en Triunfo de la Cruz cuatro personas fallecidas como resultados de los despojos.

Desde la Municipalidad de Tela, especialmente en las últimas administraciones, se ha ejecutado una estrategia de división del pueblo Garífuna, confirmada por la creación de patronatos paralelos al servicio de empresarios, políticos y militares  especuladores de nuestras tierras.

A pesar de la existencia en los últimos siete años, de Medidas Cautelares para la comunidad  de Triunfo emitidas por la Comisión, las autoridades y los usurpadores las han ignorado sistemáticamente, dando lugar a una intensificación de los atropellos en materia territorial y amenazas a los líderes de comunitarios los que con una enorme valentía han llevado a efecto  la defensa de su comunidad.

 Para la OFRANEH el caso ante la Corte Interamericana es un enorme reto. Honduras vive bajo  una dictadura civil, la cual pretende subastar no sólo la Bahía de Tela sino también la mayoría de la costa garífuna de Honduras, bajo el marco del proyecto neocolonial de las Ciudades Modelo. Sin embargo confiamos en una sentencia de la Corte Interamericana sobre el derecho territorial de la comunidad de Triunfo de la Cruz, lo cual constituirá un avance en la reivindicación de los derechos territoriales del pueblo Garifuna.

Sambo Creek, La Ceiba, Atlántida, 27 de Febrero del 2013

Organizacion Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

La comunidad de Durugubuti se encuentra plagado por conflictos territoriales como consecuencia de la ampliación del casco urbano de la Ciudad de Tela, situación que se agravó a raíz de la emisión del titulo “definitivo” entregado por el Instituto Nacional Agrario (INA) en el año 2000, el que finalmente solo otorgó 68 hectáreas de las 1775 reclamadas por la comunidad; tras excluir del titulo comunitario las propiedades de los miembros de la elite de poder que se han apoderado de gran parte del territorio comunitario de Durugubuti.

El trato como delincuente conferido a la Sra. Eligio por los operadores de justicia de Tela, estuvo impregnado de una actitud de racismo y total indiferencia hacia su condición de persona de la tercera edad que manifestó a las autoridades encontrarse sufriendo de graves problemas de salud.

La Sra. Eligio recibió del Patronato de la comunidad la autorización para utilizar un predio contiguo a un hotel-restaurante de su propiedad. Posteriormente el Juzgado de Tela comenzó un proceso de hostigamiento en contra de la Sra. Eligio sin  proceder a informar quien es el foráneo que aduce ser el propietario del terreno supuestamente usurpado.

Municipalidades, Instituto de la Propiedad y despojos comunitarios.
Las comunidades Garífunas de la Bahía de Tela fueron las primeras en ser incluidas dentro del perímetro de la municipalidad, sumándose a los  sistemáticos despojos promovidos por empresarios, políticos y militares que al calor de los proyectos turísticos que se viene cocinando  desde hace mas de tres decadas.

A partir del golpe de Estado del año 2009 se recrudecen las presiones sobre el territorio Garífuna. El caso mas oprobioso es el de la comunidad de Río Negro demolida por el canadiense Randy Jurgenson, conocido como el rey del porno, quien se encuentra construyendo un muelle para cruceros panamax. El catastro efectuado por el INA con el financiamiento de la Unión Europea en el año 2002, facilitó la atomización del territorio comunitario. El rey del porno con el apoyo de la municipalidad y atemorizando a los habitantes de Río Negro con la aplicación de la Ley de Expropiación Forzosa, obligaron a la mayoría de los habitantes a recibir precios irrisorios por sus predios y casas de habitación.

La Ley de Municipalidades y la Ley de Propiedad  son instrumentos  utilizados para afectar los títulos comunitarios y por ende facilitan la expulsión de nuestro pueblo de sus territorios ancestrales. Con la  introducción del proyecto neocolonial denominado “ciudades modelo”,  declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia el año pasado -posteriormente reintroducido después del golpe del Congreso Nacional a la Corte Suprema de Justicia- la actual administración gubernamental replicará la demolición de Río Negro a lo largo de toda la costa garífuna.

La parcialidad del sistema de justicia y los despojos al pueblo Garifuna.
La comunidad Garífuna de Punta Piedra fue invadida por un “grupo campesino” finanaciado por el general Castro Kabus, afincándose la invasión en el paraje conocido como Río Miel. Han transcurrido 21 años sin que el Estado haya tenido voluntad política de solucionar la problemática, a pesar de haber firmado hace una década un acta de compromiso en la cual accedía  apagar las mejoras efectuadas por los invasores.

En el caso de la bahía de Tela, se han acumulado las denuncias sobre despojos, ventas de tierra ilegales a foráneos sin que los juzgados de Tela hubieran citado a  ninguna persona. Nuestra organización ha incoado mas de un centenar de denuncias en relación a usurpaciones ante la Fiscalía de las Etnias, las que reposan en un limbo jurídico.

Prueba de la complicidad que existe de los operadores de justicia para que prosperen los despojos en detrimento del pueblo Garífuna, es el caso reciente del Juzgado de Tela quien se extralimitó acosando a la   difunta Sra. Eligio, manteniendo en secreto el nombre del supuesto propietario del terreno  “usurpado”.

Estado fallido, aplicación  de justicia y las ciudades modelo
A partir del arribo de las compañías bananeras a inicios del siglo XX comenzó la desterritorialización de nuestro pueblo, situación que se agravó a partir de la década de los años 80 cuando comenzó la quimera del turismo. Pero es a partir del golpe de estado que se perfila inminente expulsión con la demolición de Río Negro y la formulación del enclave neocolonial denominado ciudades modelo.

La sentencia de inconstitucionalidad emitida sobre las Ciudades Modelo conllevó a  un golpe mas por parte del Congreso Nacional, en esta ocasión dirigido al Poder Judicial. Mientras tanto Honduras se sume en una espiral de violencia, y el crimen organizado controla enormes franjas del territorio nacional.

Una de las supuestas ciudades modelo abarcará 24 comunidades, consideradas el santuario cultural de nuestro pueblo, ante la preservación del idioma y  tradiciones. Casualmente esta franja está bajo el control de algunos señores feudales ligados al crimen organizado. El temor se ha convertido en una formula de despojo silenciosa, sin que hasta la fecha se conozca con certeza las transacciones de terrenos, las cuales en muchos casos se han efectuado bajo amenazas.

El estado fallido inducido en Honduras es  la condición óptima para imponer desplazamientos poblacionales y saqueos territoriales en beneficio de la elite de poder nacional y el capital  extranjero. El acaparamiento de tierras que se está dando en los países mas pobres del planeta, casualmente va acompañado del colapso de los sistemas de justicia, además de guerras fratricidas.

La comunidad de Durugubuti, San Juan Tela y las medias cautelares de la CIDH.
El 7 de julio del año 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dictó medidas cautelares a favor de la comunidad de Durugubuti. Entre otras las medidas solicitan al Estado: “Proteger y respetar el derecho de propiedad sobre las tierras ancestrales pertenecientes a la Comunidad de San Juan. En especial, tomen las medidas necesarias para evitar o suspender la ejecución de cualquier acción judicial o administrativa que afecte el derecho a la propiedad ancestral de la comunidad de San Juan“.

Una vez mas el Juzgado de Tela obvió la aplicación de las medidas cautelares a favor de la comunidad de Durugubuti, de la cual era miembro la Sra. Feliciana Eligio Suazo. Ademas el denigrante trato concedido por los  operadores de justicia, los cuales obraron con la mayor frialdad e imprudencia ante una anciana terrorizada.

Sambo Creek, 8 de Febrero del 2013

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

La desaparición del coco en la gran mayoría del litoral Caribe, como consecuencia de la enfermedad viral conocida como amarillamiento letal del coco, es una de las mayores problemáticas que ha sufrido el pueblo Garifuna, sin que se logrará concretar un plan de recuperación de las 6.000 hectáreas de coco que existían en Honduras.

El coco fue introducido a la costa del caribe mesoamericano por los españoles, los cuales importaron la nuez desde Africa occidental y paulatinamente remplazó a las especies vernáculas, como los icacos y las uvas de mar. Durante siglos las plantaciones de coco fueron uno de los pilares de la economía informal Garifuna, además de conformar la barrera natural mas importante de protección del litoral.

El Huracán Mitch, la desaparición del coco y de las playas.
Podemos señalar el arribo del huracán Mitch, como el inicio de la hecatombe en el caribe mesoamericano. A partir de  noviembre de 1998, comenzaron a aflorar una serie de graves indicios en relación al desequilibrio de los habitats costeros y marítimos, que reflejaron el ecocidio existente durante décadas. La enorme deforestación y sedimentación de los ríos del istmo, causó miles de muertos además de las pérdidas económicas.

No obstante la destrucción causada por el Mitch, el Estado de Honduras poco o nada ha hecho para remediar la deforestación y lograr la recuperación de cuencas hidrográficas. De ahí que cualquier fenómeno meteorológico, tenga resultados catastróficos.

A partir del Mitch, se hizo efectiva la desaparición de los cocos, comenzado a concretarse un avance de la linea mas alta de las mareas y algunas  de las comunidades sufrieron marejadas de forma mas frecuente. El paulatino fenómeno de erosión costera, en muchas ocasiones ha pasado desapercibido, y es solamente cuando se presentan las mareas de tormentas, cuando la alarma cunde entre nuestro pueblo.

Estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático
El fenómeno de erosión costera no ha sido estudiado  adecuadamente en Honduras. A nivel de Centroamérica Cathalac ha realizado un estudio sobre el mismo; no obstante, las comunidades desconocen la gravedad de la problemática que confrontan y la cual se agudizará a medida que los niveles oceánicos aumenten. En el informe “Bajemos la Temperatura” del Banco Mundial (BM) indica que en zonas tropicales el aumento de los niveles oceánicos será de un 20% mayor que en otras regiones del globo. El interesante documento del BM es una contradicción con la política de esa institución financiera de apoyar plantas de energía sucia.

El pronóstico sobre la costa caribe mesoamericana no es halagüeño: buena parte  de las comunidades Garífunas se encuentran en cordones litorales, los que ya sufren además del embate de la erosión costera y el aumento de los niveles oceánicos, un proceso de salinización de los humedales costeros, ante la disminución de los caudales de los ríos que discurren hacia la costa. Las lagunas de Tocamacho, Bacalar, Micos y Alvarado, se encuentran en enorme peligro, al ceder la fina barrera que separa a las lagunas del mar, lo que generará resultados desastrosos.

Ante la ausencia de un plan concreto de replantación de los cocos, proyecto que fue abandonado por el estado y la cooperación, la OFRANEH viene creando viveros de icacos y uvas de mar como una respuesta rápida a la  perdida de las playas, con la intención de crear barreras naturales de protección. El proyecto es en una escala mínima, ante el imperativo existente de proteger el hábitat costero.

Desde los bejucos de playa (ipomea pes capare y la canavalia rosae) los que cumplen una función de estabilización de las playas – y que se encuentran casi en extinción-, pasando por el espartillo y la hierba de costa (Jouvea pilosa, Heliotropium curassavicum), los diferentes tipos de mangles (Avicennia germinanis, Laguncularia racemosa, Rhizophora mangle), los icacos y uvas de mar (Chrysobalanus icaco, Coccobola uviera), y los almendros de malabar (Terminalia catappa), son herramientas  necesaria para lograr frenar el avance de la erosión costera.

Desafortunadamente en Honduras cuando se habla de cambio climático, el Estado simplemente se refiere a las falsas soluciones como los Mecanismos de Desarrollo Limpio (alias destrucción de los ríos) y los proyectos de Reducción de las Emanaciones creadas por la deforestación y degradación del Bosque (REDD).

En cuanto a los pueblos indígenas, el Estado ha iniciado un proyecto piloto, el que fue municipalizado, por ende politizado. De ahí que de antemano se diluyó las buenas intenciones  ya que las alcaldías en ningún momento responden a los intereses de los pueblos indígena, sino  de aquellos vinculados con las caricaturas de caudillos que controlan el país.

Honduras de acuerdo al Index Global de Riesgos Climáticos, es el país mas afectado por el cambio climático entre 1992 al 2011. Ante el estado fallido en que nos encontramos, la gravedad de la problemática ha sido totalmente desatendida. Mientras las playas se las come el mar, la mayor preocupación de la  elite de poder, es ver como  rematan el país por pedazos.

Sambo Creek, 30 de Enero del 2013

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH