Agua Zarca, Honduras: la negación del derecho a la consulta y la Criminalización de los Pueblos Indígenas

El asesinato el pasado 15 de julio de Tomas García y las heridas infrigidas a su hijo Allen García, a manos de elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras, señalan la violencia estructural existente en Honduras y el inicio de una clara ofensiva en contra de los pueblos y comunidades que se resisten al saqueo de su territorio y la madre tierra.

Previo al asesinato de Tomas Garcia, comenzó una campaña de intimidación y criminalización de los líderes(as) del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), cuando el pasado 25 de mayo les fue plantada un arma en el vehículo que se conducían Bertha Cáceres, Tomás Gómez y Aureliano Molina pretexto que ha servido para perseguir a las voces que con valentía vienen defendiendo a los pueblos indígenas y sus territorios.

El territorio Lenca atraviesa por una entrega sin precedentes de sus cuencas hidrográficas y yacimientos mineros al capital nacional y extranjero, situación que se repite a lo largo y ancho del istmo centroamericano, donde los 59 pueblos indígenas se ven acosados por los estados nación, que en nombre de un supuesto desarrollo y cambios de matríz de producción energética, desconocen Convenios y Tratados internacionales además en ciertos casos los títulos de propiedad previamente otorgados.

Dictadura civil en Honduras, y el saqueo de los pueblos indígenas.

A partir del golpe de Estado del año 2009, se han emitido una serie de leyes que afectan a los pueblos indígenas del país, socavando los derechos territoriales y culturales, poniendo en peligro nuestra  sobreviviencia  como culturas diferenciadas.

Desde el Plan de País, el Plan de Nación, los Decretos de Energía Limpia, pasando por la inconstitucional Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED), transformada en la Ley  Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), y la recientemente aprobada  Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de la Deuda Pública, forman parte de una subasta premeditada del territorio nacional al capital extranjero.

El pueblo Lenca, al igual que los restantes pueblos indígenas del país, sufrimos una siniestra agresión estatal, disfrazada como planes de desarrollo, sin que en ningún momento se hubiera efectuado la Consulta, Previa, Libre e Informada, consignado en el convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unida sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP por sus siglas en inglés).

En una audiencia  efectuada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington en octubre del 2011, bajo el nombre de Violaciones de derechos humanos en el marco de las concesiones de recursos naturales en Honduras, una abogada de la Secretaria de Recursos Naturales (SERNA), señaló la existencia de un compromiso adquirido por el Estado y el COPINH para tener en marzo del 2012, un reglamento del derecho a la consulta. La mayoría de los argumentos presentados por el Estado ante la CIDH se convirtieron en promesas y  falacias, destinadas a crear una cortina de humo sobre las verdaderas intenciones de la actual administración de rematar el país.

Entre los  mayores desastres de la actual administración es la entrega  de la Moskitia, donde están procediendo a  destruir el río Patuca, sin haber consultado en forma adecuada los pueblos afectados. El Banco Interamericano de desarrollo (BID) financió un estudio independiente, el que indiscutiblemente señala la inexistencia de un proceso de Consulta, Previa, Libre e Informada. De igual manera ha sucedido con los yacimientos de hidrocarburos en la zona económica  exclusiva, situación en la cual pretende el Estado efectuar a posteriori una socialización y consulta.

Uno de los  episodios mas vergonzosa en relación a los derechos humanos de los pueblos indígenas en Honduras, es la mascare acontecida en el río Patuca el 18 de mayo del 2012, con un desenlace fatal de cuatro muertos y tres heridos. Tanto la embajada de Estados Unidos, La DEA y las autoridades hondureñas han eludido hasta la fecha, asumir responsabilidad por los crímenes cometidos.

La administración Lobo, y la persecución de Berta Cáceres.

Con dos días de antelación, Casa presidencial efectuó el trillado ritual de poder asociado con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas  parte del santoral (efemérides) de Naciones Unidad, donde Lobo señalo que “ no es justo ir a quitarles los recursos naturales ”. Como parte de lavado de imagen post golpe de estado, Lobo creo dos ministerios de cartón: La Secretaría de Justicia y la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, promovido este último por la afroderecha. Estos espacios ampliamente publicitados como logros de la actual administración se han convertido en cómplices de las violaciones a los derechos humanos y los despojos causados a través de leyes, decretos y concesiones que viene recetando Lobo como una salida a la grave crisis económica que atraviesa el país.

A partir del golpe a la Corte Suprema de Justicia desde el Congreso Nacional,  cuando destituyeron a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en Honduras se anuló el debido proceso. El caso de Bertha Cáceres, Tomás Gómez y Aureliano Molina quedó en manos de un sistema jurídico que además de corrupto está totalmente parcializado a favor de la elite  de poder y el capital extranjero. Condenar a Berta y demás líderes del COPINH se convierte en una muestra mas de la faceta represiva de la actual dictadura civil existente en Honduras.

Vallecito, Limón, Colón 13 de Agosto del 2013

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

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