Honduras: una década de la Declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas y persecución Garífunas en Honduras.

Sambo Creek, septiembre 14 de 2017.- Una vez más, la defensora del territorio Garífuna, Medelime David acudió a una audiencia ante los tribunales de la ciudad de Trujillo, acusada del supuesto delito de usurpación en un terreno comunitario, el cual fue vendido de forma fraudulenta al “empresario” canadiense Patrick Forseth, quien no ha escatimado estratagema alguna para perseguir a los líderes comunitarios defensores del territorio ancestral de Guadalupe (Funda), Colón.

La audiencia fue efectuado el pasado 11 de septiembre casualmente dos días antes del décimo aniversario de la emisión por parte de Naciones Unidas de su Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), la que fue firmada por el Estado de Honduras.

El caso de Medelime David, acusada de usurpar un terreno comunitario que fue vendido de forma fraudulenta a través del Patronato de Guadalupe y la Municipalidad de Santa Fe al canadiense Patrick Forseth, es un indicador de las presiones territoriales enfrentadas por nuestro pueblo ante la implementación de proyectos turísticos, las Zonas de Empleo Y Desarrollo Económico, y explotación de hidrocarburos.

El terreno en cuestión fue ocupado por un proyecto comunitario manejado por las mujeres Garífunas de Guadalupe, llamado MUTU, el que fue financiado por AECID y el Programa de Pequeñas Donaciones del GEF-PNUD. Las mujeres se vieron obligadas a abandonar en el 2004 dicho proyecto tras de una serie de asesinatos cometidos en la zona, donde se encontraban implicados una banda de forajidos radicados en Betulia, los cuales amenazaron a las mujeres de MUTU, sin que las autoridades en aquel entonces tomaran cartas en el asunto.

El Estado de Honduras y su repudio a la DNUDPI
El día de hoy hace una década, las Naciones Unidas emitió su declaratoria sobre pueblos indígenas, la que trabajaron en forma conjunta durante más de dos décadas, delegados de diferentes pueblos indígenas del mundo, en contraposición del Convenio 169 de la OIT, el que fue elaborado por técnicos.

La DNUDPI generó múltiples expectativas ante el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos, omitido en el Convenio 169 de la OIT. El Estado hondureño durante diferentes administraciones gubernamentales, ha desconocido los derechos de los pueblos indígenas, especialmente el relacionado con el reconocimiento territorial y la consulta previa, dando lugar a una serie de proyectos inconsultos y a una masiva apropiación de los territorios de los pueblos indígenas.

Para afirmar aun más el concepto de soberanía westfaliana, invocada por el Estado para desconocer nuestros derechos en aras de la soberanía nacional, la delegación del Estado en la audiencia efectuada en Costa Rica en mayo de 2014, afirmó que la DNUPI no es vinculante. El Estado insistió tanto en las audiencias de los casos de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, en desconocer nuestra condición como pueblo indígena, ademas de insistir que los Garifunas ocupamos los territorios de los pueblos Tolupán y Miskito.

A pesar del extenso corpus jurídico emitido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) en relación al derecho a la propiedad ancestral y la consulta previa, el Estado insiste en desconocer o desvirtuar los derechos territoriales que poseemos.

El gobierno en fecha reciente aprobó la Ley de Incentivos al Turismo, la que colocan los territorios de los pueblos indígenas y áreas protegidas en subasta. La Ley llegó al Congreso sin haber sido consultada con los pueblos indígenas que seremos afectados ante la posible avalancha de inversiones extranjeras atraídas por la ausencia de cargas fiscales y la reputación que ha adquirido el país de darle prioridad a los derechos de los extranjeros sobre los de los pueblos indígenas. El caso del “little Canada” en la Bahía de Trujillo ha marcado el parámetro de la inexistencia de un estado de ley asi como el apoyo de los paladines locales de la política, que han sido mencionados en más de una ocasión por las cortes en Nueva York como parte de las estructuras del crimen organizado en la costa norte del país.

En la actualidad una de las mayores problemáticas que confrontamos es la determinación de la actual administración de imponer una Ley de Consulta espuria, que desconoce la autodeterminación de los pueblos y descalifica la representatividad de las organizaciones existentes, para imponer grupúsculos afines al partido de gobierno y de esta forma poder socavar los derecho de los pueblos con farsas que serán denominadas”consultas”.

Medelime David ademas de encontrase proseguida por usurpación, ahora confronta otra demanda por difamación junto a otras tres mujeres Garífunas a las que el canadiense Patrick Forseth las acusa de haberlos difamado y calumniado.

La persecución a las defensoras del territorio indígena no es un hecho aislado en Honduras. Basta reocrdar el asesinato de Berta Cáceres a manos de militares activos ye ejecutivos de la empresa DESA, la que aún pretende la construcción de la represa de Agua Zarca; la masacre de miskitas en el río Patuca; los cientos de buzos muertos como resultado de la guerra librada en contra del pueblo Miskito, el que viene siendo exterminado por la flota pesquera industrial, la mascare de Tolupanes en Locomapa; son algunos de los horripilantes ejemplos del racismo imperante y la ausencia. de un estado de ley en el país.

En el año 2004, Honduras aprobó la Ley de Propiedad con el apoyo económico y técnico del Banco Mundial, con el propósito de regularizar la tenencia de tierra, la que en aquel entonces existía una serie de engorroso trámites para obtener un título definitivo de propiedad. Para esa fecha, los procedimientos de legalización tardaban 18 meses, y con la supuesta reformas se tardaría teóricamente en unos 15 días, a través del Instituto de la Propiedad, organismo descentralizado creado en el marco de la Ley de Propiedad.

El Estado promovió dicha Ley como un requisito para poder subsanar la inexplicable tardanza en los procedimientos de legalización, además de evitar las ilegalidades en cuanto el registro de tierras que se han venido dando desde hace décadas.

La Ley de Propiedad fue aprobada sin haber tomado en consideración las observaciones presentadas en una Consulta con representantes Garífuna, efectuada en septiembre de 2003, la cual se llevo a cabo en la comunidad de San Juan Tela. La asamblea rechazó los dos borradores presentada por los agentes del Estado, ya que era evidente la estrategia jurídica destinada a la disolución de la propiedad comunitaria, según la cual para los organismos financieros internacionales es un impedimento al “desarrollo”.

Ante el debacle existente, el pueblo Garífuna exige la adopción de la DNUDPI como Ley Indígena en Honduras para de esa forma lograr nuestra sobrevivencia como como cultura diferenciada.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

 

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