El río Cuyamel, piratas de las térmicas y el derecho a la Consulta Previa

El pasado 3 de noviembre  la Fiscalía de las Etnias emitió un requerimiento fiscal en relación a la hidroeléctrica La Ensenada, la que familias de los herederos de Marcelino Ponce pretendieron construir desde hace  muchos años en río Cuyamel, de la comunidad Garífuna de Sambo Creek.

La fiscalía tardó nueve años en emitir el requerimiento fiscal contra el exviceministro de la otrora denominada Secretaría de Recursos Naturales (SERNA), el Sr. Norman Gilberto Ochoa Henríquez, quien emitió en un lapso de 40 días la licencia ambiental para el proyecto, sin haber efectuado una consulta previa con la comunidad de Sambo Creek.

Los hechos ocurrieron entre diciembre 2000 a finales de enero del 2019, cuando en el régimen de Micheleti, se inició la privatización de las cuencas hidrográficas del país, que pasaron a manos de familias ligadas a los promotores del golpe de estado de 2009.

La parsimonia del Ministerio Público en cuanto a los procesos relacionados con la violación a la consulta previa, forma parte de la estrategia de despojo que se viene dando en Honduras en contra de los pueblos indígenas que ocupamos las zonas de mayor biodiversidad del país. El estado de Honduras desde la ratificación del convenio 169 de la OIT para pueblos indígenas y tribales, ha violado reiteradamente la aplicación de la consulta  previa – uno de los pilares de los derechos colectivos que poseemos los pueblos indígenas-  convirtiendo la consulta un simple método de socialización.

La manipulación de la consulta previa ha sido demostrada una vez más, con el proceso impulsado por el PNUD y DINAFROH, los que encaminaron la elaboración de una anteproyecto de Ley, que desdeñó el trabajo realizado por las organizaciones indígenas, incluso del mismo Estado, para adoptar una versión que es una caricatura de la cuestionada Ley de Consulta del Perú.

El desconocimiento de la obtención del consentimiento, en la versión de ley PNUD demuestra que al Estado, solo le interesa beneficiar los proyectos extractivos y el ecocidio que se ha establecido como la norma en Honduras amparado bajo la visión de un modelo de desarrollo obsoleto que hoy por hoy se ha convertido en origen de la crisis Climática que enfrenta el planeta.

La represa hidroeléctrica de La Ensenada si bien no fue construida, el proceso de subasta de la cuenca del Río Cuyamel continuó su curso, variando el objetivo. La hidroeléctrica pasó a convertirse en una termoeléctrica de 70 megavatios a base de búnker C, la que fue instalada sin contar con licencia ambiental, entre dos áreas protegidas.

MIAMBIENTE – nombre con el cual se conoce al ministerio que previamente se llamaba SERNA, finiquito las licencias ambientales convirtiéndolas en “Permisos Operativos”, a través del acuerdo presidencial 008-2015, el que dio lugar a una maquila de permisos operativos y licencias ambientales, desconociendo las posibles consecuencias de la destrucción de las áreas protegidas.

La ausencia en Honduras de auditorías ambientales por parte del Estado, y la siniestra maquila de licencias, ha generado resultados desastrosos para el medio ambiente y las comunidades que las protegen, quienes son procesadas, perseguidas y hasta asesinadas.

En el caso de la termoeléctrica de la empresa Laeiz, construida en La Ensenada es un típico ejemplo de la situación de país. Honduras en las últimas décadas se ha convertido en un rehén de la mafia de las térmicas, los que desde 1994 han utilizado la escasez de producción hidroeléctrica para imponer contratos y  precios, manteniendo un mercado cautivo con la venia de políticos que se han lucrado de forma fraudulenta.

Es inaudito que buena parte de la costa norte de Honduras y el valle del Aguán no se encuentren interconectados al Valle de Sula y el resto de Centroamérica a través del SIEPAC, teniendo como resultado  la extorison practicado por los empresarios térmicos que con el costo de kwh, estrangulan la economía del país.

En Honduras el derecho a  la Consulta  Previa se ha tergiversado de forma sistemática e ignorado a los pueblos indígenas ignorados en las toma de decisiones en relación a proyectos o leyes que afectan nuestra sobrevivencia como culturas diferenciadas. desde la consulta de Ley de Propiedad en San Juan Tela (2003) la cual el Estado asegura no se efectuó; hasta la entrega de la plataforma marítima de la Moskitia, en la cual se dio una farsa de consulta realizada de forma posterior a la firma del contrato con la petrolera BG, sentando el precedente de consultas a priori, diluyendo de esta forma el Convenio 169 de la OIT.

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