Honduras: El Banco Interamericano de Desarrollo y su apoyo inconsulto al proyecto neocolonial de las ZEDE.

Recientemente apareció en el portal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la información sobre el proyecto HO-L1191, denominado Apoyo a la Creación de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), el que describen como “esta operación apoyará al Gobierno de Honduras en la conceptualización y preparación de estudios técnicos y diseños para el establecimiento de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs). El proyecto que pretende financiar el BID, en ningún momento ha sido consultado con las comunidades Garífunas dentro del área de influencias de las ZEDE, que en cinco potenciales zonas de implementación de las ciudades modelo, abarcan 20 comunidades Garífunas.

Honduras: La distorsión de la consulta previa y la negación de la libre determinación

En el caso de Honduras, después de dos décadas de haber sido ratificado el Convenio 169, el Estado impulsado por ONU REDD- PNUD y el AVA FLEGT de la Union Europea, comenzó a promover en el año 2012 la elaboración de un anteproyecto de Ley de Consulta. Para el 2016, el Estado descartó las propuestas elaboradas por la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) y la Dirección General de Pueblos Indígenas y Afrohondureños, para posteriormente contratar un equipo de asesores extranjeros, los cuales elaboraron una copia de la controvertida Ley de Consulta del Perú.

El Estado de Honduras, PNUD y la distorsión de la consulta previa

Después de más de dos décadas de haber ratificado el Convenio 169 de la OIT, el Estado de Honduras a instancias del Programa ONUREDD y el AVA FLEGT de la Unión Europea, comenzó desde el año 2012, un proceso de elaboración de un anteproyecto de Ley de Consulta, Previa, Libre e Informada (CPLI).

Hasta la fecha el Estado hondureño ha eludido la aplicación del principio pro homine y demostrado una enorme capacidad para distorsionarlo, violando de forma repetitiva el artículo 21 de la Convención Interamericana de derechos Humanos. Inclusive ha venido evitado cumplir con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz