Con la reciente admisión por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del caso de la comunidad de San Juan Tela (Durugubuti) Vs. Estado de Honduras, se demuestra una vez más la ausencia de compromiso político por parte de las diversas  administraciones gubernamentales para resolver la agobiante problemática territorial que afecta al pueblo Garífuna en Honduras.

La Comisión Interamericana de  Derechos Humanos (CIDH) abrió de oficio una petición a favor de dicha comunidad en el año 2006, después de haber emitido Medidas Cautelares, ante el evidente despojo del cual había sido víctima la comunidad, por la emisión de un titulo definitivo de propiedad, que no garantiza los derechos territoriales de la comunidad, otorgando un titulo compuesto por una serie de polígonos, con los cuales el Instituto Nacional Agrario (I.N.A) reconoce la propiedad de foráneos asociados a la élite de poder del país.