A los 222 años de presencia Garífuna, arrecia el racismo

En el marco de la conmemoración de los 222 años de la presencia en Honduras, el alcalde de la ciudad de San Pedro Sula, el Sr Armando Caledonio, denegó el derecho a utilizar el parque central de esa ciudad, como el escenario que ha sido habitualmente utilizado por nuestro pueblo el 12 de abril, situación que ha causado un enorme resquemor entre los Garinagu.El desprecio demostrado por ese alcalde nacionalista, es una muestra más del evidente racismo instaurado en Honduras, el que es palpable en todas las esferas sociales y culturales del país. Siendo el despojo territorial y cultural un leit motiv del actual partido en el gobierno, el que no tuvo reparos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el exprocurador y actual magistrado de la Corte Suprema, el Sr Abilio Serrano, no tuvo reparos para denegar nuestra condición de Hondureños, ademas de desconocer el territorio ancestral que ocupamos, alegando su pertenencia  al pueblo Tolupana y Miskito.

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Corredor Garífuna Sambo-Corozal zona de sacrificio ambiental

Con la inminente instalación de una planta termoeléctrica a base de bunker c, la municipalidad de la Ceiba optó por la destrucción de uno de los parajes de mayor biodiversidad en la costa norte de Honduras, además de ignorar las graves consecuencias que acarreará para la salud de las comunidades Garífunas, las que se verán afectadas por la contaminación permanente que emanará de la planta.

Como si fuera poco el abuso de la Municipalidad de la Ceiba, la ENEE y el Grupo Laiesz, los que nunca consultaron de forma previa a las comunidades que serán afectadas por la contaminación, ahora existe el rumor de la instalación de un supuesto rellano sanitario, los que en Honduras no pasan de ser crematorios.

La consulta previa y su secuestro ideológico a manos del estado de Honduras

Después de más de dos décadas de haber sido ratificado el Convenio 169 de la OIT y de una década de haber haber sido aprobada la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, el Estado de Honduras esta imponiendo una Ley de Consulta Previa para los pueblos indígenas con la cual pretende ademas de “cumplir” con los compromisos adquiridos, desmantelar la consulta para convertirla en un mero trámite administrativo.

¿Áreas protegidas en la república mafiosa de Honduras?

En medio del caos que enfrenta el pueblo hondureño como consecuencia de la destrucción de las estructuras gubernamentales la cual se viene dando en la última década y como parte del proceso de privatización de las áreas protegidas y la subasta del territorio nacional, el actual gobierno optó por el uso de una de las zonas de mayor biodiversidad del país, para convertirla en el lugar de instalación una termoeléctrica a base de bunker c, para la producción de 87 megavatios de energía sucia.

Detención de líder Garífuna Malvin Norales y las presiones de las ZEDE (ciudades modelo) en Puerto Castilla

En horas de la madrugada del día de hoy, fue detenido el líder comunitario Malvin Norales, el que se ha desempeñado de forma valerosa en la defensa del territorio ancestral de la comunidad Garífuna de Puerto Castilla.

El territorio de La Puntilla, nombre con el cual se conoce al paraje donde se encuentra localizado Puerto Castilla, tiene una singular historia de despojos y represión, que se agudiza cuando el general Álvarez Martínez, pistola en mano en 1976, obligó a los miembros de la comunidad a ceder las tierra de la Puntilla a la Empresa nacional Portuaria.

La OIT, “derecho a veto” y la libre determinación de los pueblos indígenas

Para sorpresa de los pueblos y organizaciones indígenas, en especial aquellas que hemos cuestionado el proceso de elaboración de ley, nos hemos enterado de forma tardía que el Estado de Honduras, el 28 de febrero del presente año remitió a la OIT, una versión “revisada” del anteproyecto de Ley de Consulta Libre, Previa e Informada.

Entre las observaciones presentadas por la OIT, las referente al segundo artículo de la ley, la OIT sugiere que se incluya “La finalidad de la presente Ley es establecer procedimientos apropiados para realizar consultas con las comunidades de los PIAH, respecto a todas las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, a través de sus instituciones representativas y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, según corresponda. La Consulta no implica derecho a veto.”