El colapso político y moral que se viene dando en Honduras es evidente en medio de la persecución que ha decretado el Estado contra las defensoras y defensores de la madre tierra, quienes vienen siendo aniquilados o encarcelados por el actual régimen.
El caso de los defensores del agua en Guapinol corrobora la tendencia del actual régimen a fomentar conflictos sociales y anteponer las posibles ganancias económicas al derecho al agua y salud que posee el pueblo hondureño. El arresto de doce de los sindicados de defender el agua en Guapinol – quienes se presentaron voluntariamente en el juzgado de La Ceiba el viernes 22 de abril- es un indicador de la distorsión de leyes y decretos con el propósito de favorecer a la desprestigiada élite empresarial.
En un escenario de guerra de baja intensidad, que se ha venido desarrollando en la última década en el Valle del Aguan, la empresa Pinares, propiedad de Ana Facussé y Lenir Perez, viene destruyendo el río Guapinol, esencial para la sobrevivencia de más de diez comunidades ubicadas en el municipio de Tocoa; el campamento de resistencia a la minería en la cuenca del río Guapinol cumple 63 de días, dando al pueblo hondureño una lección de amor a la madre tierra y de rechazo a la política estatal de mercantilización y destrucción de la madre tierra, promovida por la élite de poder feudal que está rematandoo los bienes comunes y el futuro de nuestro país.
El golpe de Estado en Honduras promovido por la administración Clinton-Obama sirvió para que el crimen organizado terminara de apoderarse del país, especialmente de la costa norte, donde venían gestando sus feudos con la cooperación de las fuerzas de seguridad y el poder judicial. La república mafiosa que padecemos en Honduras en cierta forma es consecuencia de la enorme farsa en que se ha convertido la guerra contra las drogas; al mismo tiempo que la persecución frontal que existe contra defensores de los bienes comunes –
Ante la persecución de los pueblos indígenas en Honduras por la defensa de nuestros territorios y bienes comunes lo que nos ha llevado a ser criminalizados y asesinados, en la mayoría de los casos por exigir el respeto al derecho a la consulta previa, representantes de los pueblos indígenas Pech, Lenca, Garifuna, Miskito, Maya-Chorti y Tolupan de Honduras reunidos en el Foro- Taller sobre el Convenio 169 de la OIT y la Consulta- Consentimiento Previo Libre e Informada (CPLI), en la ciudad Capital el día 20 de Febrero y 1 de Marzo del 2017
A un año de la publicación de la sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en relación a los casos de las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, el estado de Honduras se ha abstenido de apegarse a las reparaciones ordenadas por la Corte IDH.
En el marco de la 105 .a Asamblea de la OIT, efectuada a inicios del mes de junio del presente año, en la ciudad de Ginebra Suiza, el estado de Honduras una vez más maquilló la deplorable situación de los pueblos indígenas, a través de un informe plagado de falacias, con las cuales pretendió diluir los grave señalamientos sobre las múltiples violaciones al Convenio 169 de la OIT. El asesinato de la líder indígena Berta Cáceres sirvió de catalizador, en referencia a las incontables denuncias presentadas por los pueblos indígenas, ante la violencia imperante y la imposición de proyectos de supuesto desarrollo, además de la distorsión del Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, la cual es vital para la sobrevivencia de nuestros pueblos como culturas diferenciada.
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