Resistencia en Guapinol y explotación de óxido de hierro en áreas protegidas

En un escenario de guerra de baja intensidad, que se ha venido desarrollando en la última década en el Valle del Aguan, la empresa Pinares, propiedad de Ana Facussé y Lenir Perez, viene destruyendo el río Guapinol, esencial para la sobrevivencia de más de diez comunidades ubicadas en el municipio de Tocoa; el campamento de resistencia a la minería en la cuenca del río Guapinol cumple 63 de días, dando al pueblo hondureño una lección de amor a la madre tierra y de rechazo a la política estatal de mercantilización y destrucción de la madre tierra, promovida por la élite de poder feudal que está rematandoo los bienes comunes y el futuro de nuestro país.

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La república mafiosa, el fracaso de la guerra contra las drogas y la persecución al movimiento social

El golpe de Estado en Honduras promovido por la administración Clinton-Obama sirvió para que el crimen organizado terminara de apoderarse del país, especialmente de la costa norte, donde venían gestando sus feudos con la cooperación de las fuerzas de seguridad y el poder judicial. La república mafiosa que padecemos en Honduras en cierta forma es consecuencia de la enorme farsa en que se ha convertido la guerra contra las drogas; al mismo tiempo que la persecución frontal que existe contra defensores de los bienes comunes –

Declaración de Pueblos Indígenas sobre el Convenio 169 y la Consulta Previa

Ante la persecución de los pueblos indígenas en Honduras por la defensa de nuestros territorios y bienes comunes lo que nos ha llevado a ser criminalizados y asesinados, en la mayoría de los casos por exigir el respeto al derecho a la consulta previa, representantes de los pueblos indígenas Pech, Lenca, Garifuna, Miskito, Maya-Chorti y Tolupan de Honduras reunidos en el Foro- Taller sobre el Convenio 169 de la OIT y la Consulta- Consentimiento Previo Libre e Informada (CPLI), en la ciudad Capital el día 20 de Febrero y 1 de Marzo del 2017

Estado de Honduras incumple sentencias de la Corte IDH en relación a las comunidades Garífunas de Triunfo y Punta Piedra

A un año de la publicación de la sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en relación a los casos de las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, el estado de Honduras se ha abstenido de apegarse a las reparaciones ordenadas por la Corte IDH.

El informe del estado de Honduras a la OIT, hidrocarburos y la distorsión del Derecho a la Consulta Previa.

En el marco de la 105 .a Asamblea de la OIT, efectuada a inicios del mes de junio del presente año, en la ciudad de Ginebra Suiza, el estado de Honduras una vez más maquilló la deplorable situación de los pueblos indígenas, a través de un informe plagado de falacias, con las cuales pretendió diluir los grave señalamientos sobre las múltiples violaciones al Convenio 169 de la OIT. El asesinato de la líder indígena Berta Cáceres sirvió de catalizador, en referencia a las incontables denuncias presentadas por los pueblos indígenas, ante la violencia imperante y la imposición de proyectos de supuesto desarrollo, además de la distorsión del Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, la cual es vital para la sobrevivencia de nuestros pueblos como culturas diferenciada.

La piñata minera y la sentencia de la Corte IDH en relación al derecho a la Consulta Previa

Entre el 13 al 15 de julio se efectuó en Honduras, el Segundo Congreso de Minería, en la ciudad de San Pedro Sula, auspiciado por la Universidad Politécnica de Ingeniería. Con este evento la actual administración gubernamental de Juan Hernández pretende continuar con la subasta del país, iniciada por su antecesor Porfirio Lobo.

El rey del Porno, la usurpación del territorio Garífuna de Trujillo y la inaplicabilidad de la ley en Honduras.

Los múltiples atropellos sufridos por el pueblo Garífuna en Honduras, forman parte de la antología de despojos territoriales que afectan a los pueblos indígenas del continente. En nombre de un supuesto desarrollo el saqueo se ha intensificado en este milenio, al mismo tiempo que la aplicación de justicia se ha debilitado. En el caso de la Bahía de Trujillo, el empresario canadiense Randy Jorgensen, se apropió de los hábitats funcionales de las comunidades de Guadalupe, Santa Fe e incluso de la misma ciudad de Trujillo; además de haber demolido parte de la comunidad Garífuna de Río Negro, para lo cual contó con el apoyo irrestricto de la municipalidad de Trujillo.