La mafia canadiense del rey porno y la persecución a garífunas en la bahía de Trujillo

El próximo lunes cinco de diciembre, el Juzgado de Trujillo emitirá una sentencia. En este caso no solamente se encuentra Medelin David en el banquillo de los acusados, sino que la existencia de la propiedad comunitaria es confrontada por una sistema de justicia que hasta la fecha desconoce el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Anuncios

Juzgado de Trujillo emite medidas sustitutivas para Medelin David, defensora de la tierra

El Juzgado de Trujillo emitió el pasado 11 de noviembre, medidas sustitutivas para la defensora de la madre tierra, Medelin David, la que se encuentra acusada de usurpación de un terreno que forma parte del territorio ancestral dela comunidad Garifuna de Guadalupe, Colón. La orden de captura fue emitida a instancias de CARIVIDA S.A, empresa que aparentemente es propiedad de Randy Jorgensen, conocido como el ¨rey del porno¨ en el Canadá.

El clan Faraj Atala y la campaña mediática para justificar la hidroeléctrica de Agua Zarca

La Sra. Elsia Paz, ex presidenta de la Asociación de Pequeños Productores de Energía Renovable (AHPPER), aparece constantemente en los medios locales -manejados en Honduras exclusivamente por la élite de poder- tratando de erradicar la conexión existente entre el asesinato de Berta y la compañía DESA, además de hacer énfasis en la supuesta solución a la pobreza existente en el departamento de Intibuca. Al igual que Jim Yon Kim, la Sra. Paz, afirma una supuesta violación a los derechos de las comunidades al empleo y el acceso a la energía.

Alerta: A punto de ser aprobado anteproyecto ley de Consulta impulsado por el Estado de Honduras y PNUD

La inminente aprobación en el Congreso Nacional del Anteproyecto de Ley de Consulta (CPLI), promovida por el Estado de Honduras y el P.N.U.D, nos coloca en estado de alerta a los pueblos indígenas del país, defensores de los bienes comunes y la madre tierra.

Ley de Consulta promovida por ONUREDD y el Estado de Honduras viola el Convenio 169 de la OIT

En Honduras hasta la fecha los pueblos indígenas sufrimos un colonialismo interno practicado como una política de Estado, que ha dado lugar a una enorme cantidad enorme de violaciones a los derechos; entre otras el doloroso asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, acontecido hace casi seis meses, sin que hasta la fecha se haya develado los nombres de los autores intelectuales del macabro crimen.

El informe del estado de Honduras a la OIT, hidrocarburos y la distorsión del Derecho a la Consulta Previa.

En el marco de la 105 .a Asamblea de la OIT, efectuada a inicios del mes de junio del presente año, en la ciudad de Ginebra Suiza, el estado de Honduras una vez más maquilló la deplorable situación de los pueblos indígenas, a través de un informe plagado de falacias, con las cuales pretendió diluir los grave señalamientos sobre las múltiples violaciones al Convenio 169 de la OIT. El asesinato de la líder indígena Berta Cáceres sirvió de catalizador, en referencia a las incontables denuncias presentadas por los pueblos indígenas, ante la violencia imperante y la imposición de proyectos de supuesto desarrollo, además de la distorsión del Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, la cual es vital para la sobrevivencia de nuestros pueblos como culturas diferenciada.

El rey del Porno, la usurpación del territorio Garífuna de Trujillo y la inaplicabilidad de la ley en Honduras.

Los múltiples atropellos sufridos por el pueblo Garífuna en Honduras, forman parte de la antología de despojos territoriales que afectan a los pueblos indígenas del continente. En nombre de un supuesto desarrollo el saqueo se ha intensificado en este milenio, al mismo tiempo que la aplicación de justicia se ha debilitado. En el caso de la Bahía de Trujillo, el empresario canadiense Randy Jorgensen, se apropió de los hábitats funcionales de las comunidades de Guadalupe, Santa Fe e incluso de la misma ciudad de Trujillo; además de haber demolido parte de la comunidad Garífuna de Río Negro, para lo cual contó con el apoyo irrestricto de la municipalidad de Trujillo.