Honduras, el Comité para Eliminación de la Discriminación Racial y el anteproyecto de Ley de Consulta

En medio del torbellino por el que atraviesa Honduras, resultado del descalabro político y económico que afecta al país, Honduras participo en Ginebra el 28 y 29 de noviembre, en el examen de los informe periódicos 6º a 8º ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). Las observaciones finales de la CERD reflejan la grave situación de país, especialmente la de los pueblos indígenas y negros, los que nos encontramos sometidos a un régimen feudal donde el racismo institucional socava la sobrevivencia de nuestros pueblos como culturas diferenciadas.

La consulta previa y su secuestro ideológico a manos del estado de Honduras

Después de más de dos décadas de haber sido ratificado el Convenio 169 de la OIT y de una década de haber haber sido aprobada la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, el Estado de Honduras esta imponiendo una Ley de Consulta Previa para los pueblos indígenas con la cual pretende ademas de “cumplir” con los compromisos adquiridos, desmantelar la consulta para convertirla en un mero trámite administrativo.

Pueblo Garifuna define su Posicionamiento respecto a la Ley de Consulta Previa Libre e Informada, impuesta por el estado de Honduras.

El pueblo Garífuna reunido en la ciudad de Trujillo, con la participación de más de 400 personas, incluyendo líderes comunitarios y 18 presidentes de Patronatos; los cuales ante la inminente aprobación del anteproyecto de Ley de Consulta, Previa, Libre e Informada(CPLI), impuesta por el estado de Honduras manifestamos

Honduras: nociva versión de ley de consulta pretende imponer gobierno de JOH

Según la información recibida por parte de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, CUTH, el gobierno de Honduras presentó recientemente ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT), una nueva versión de la Ley de Consulta Previa, libre e Informada (CPLI); con el propósito de obtener las observaciones sobre el anteproyecto de parte de ese organismo internacional, el cual adoptó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en 1989, de forma tripartita con participación de los gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores.

Berta Cáceres: un crimen de estado relacionado con la consulta previa

El arresto del ex militar David Castillo Mejía, presidente de la empresa Desarrollo Energéticos S.A (DESA) cuando se aprestaba a salir del país, casualmente dos años después del asesinato de Berta Caceres, demuestra lo que ya se conocía desde hace meses, sin embargo el Ministerio Público hizo una vez más alarde de su incapacidad en el retardo de la aplicación de justicia.
Hasta la fecha, todo parece indicar que el asesinato de Berta Caceres, fue un aparente operativo militar, llevado a cabo bajo las órdenes de la élite de poder económica y política, beneficiarios de la piñata de las cuencas hidrográficas realizada durante el mandato del Sr. Pepe Lobo, acompañado de Juan Hernández quien se desempeñaba como prsidente del Congreso Nacional.

Honduras 2020, la inconsulta Ley de Turismo y la consultora Mckinsey

Como una posible solución a la profunda crisis económica que vive el país, la actual administración optó por entregarle a consultora Mckensey la elaboración del programa Honduras2020 además de un anteproyecto de Ley de Fomento al Turismo (LFT), iniciativas que aparentemente cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la supuesta creación de más de medio millón de empleos.

Honduras: La distorsión de la consulta previa y la negación de la libre determinación

En el caso de Honduras, después de dos décadas de haber sido ratificado el Convenio 169, el Estado impulsado por ONU REDD- PNUD y el AVA FLEGT de la Union Europea, comenzó a promover en el año 2012 la elaboración de un anteproyecto de Ley de Consulta. Para el 2016, el Estado descartó las propuestas elaboradas por la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) y la Dirección General de Pueblos Indígenas y Afrohondureños, para posteriormente contratar un equipo de asesores extranjeros, los cuales elaboraron una copia de la controvertida Ley de Consulta del Perú.