Éxodo masivo, narcodictadura y sus padrinos en Washington y Tel Aviv

Las comunidades Garífunas en la costa caribe de Honduras vienen siendo abandonadas, especialmente por la juventud y niñez, que han emprendido el incierto camino hacia “el norte”, generando un vaciamiento de los territorios, ante la severa crisis que afecta el país.

Mientras tanto la administración Trumo y su política de “cero tolerancia”, ha dado lugar al surgimiento de campos de concentración y a la separación de miles de hijos de sus padres, hasta el punto que se desconoce el paradero de más de 2400 menores de edad.

A casi diez años del golpe de estado de 2009, Honduras se encuentra bajo una nube permanente de gas lacrimógeno con la cual el cartel que controla el estado pretende disipar su irremediable fracaso; siendo su único sostén el apoyo irrestricto que viene brindando la administración de Donald Trump.

Estudio efectuado en comunidades de Cristales y Río Negro (Trujillo) indica que Cruceros no ha generado mejoría en los ingresos del pueblo Garífuna .

En un estudio realizado por Timothy MacNeill y David Wozniak, publicado a finales del año pasado; sobre el “Impacto, económico social y ambiental del turismo de cruceros”, efectuado en las comunidades de Cristales, Río Negro, Chachauate y Eastend, reveló que “el turismo ha empeorado la vida a los residentes de Cristales y San Martín. No ha habido ganancias netas en empleo o ingresos en ninguno de los barrios. La capacidad de los residentes de Cristales para cubrir sus necesidades y alimentarse ha disminuido. Además de esto, hubo serios costos ambientales”.

Comunicado del Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras, ODHPINH

Reunidos representantes de los pueblos indígenas, Pech, Maya-Chorti, Lencas, Garifunas, Miskitos y Pech, para analizar y discutir la situación que enfrentan nuestras comunidades y pueblos en el escenario actual, Concluimos: La actual administración gubernamental pretende imponer una Ley Indígena la cual se encuentra en el Congreso Nacional, diseñada por el Banco interamericano de Desarrollo (BID) con el propósito de diluir el Convenio 169 de la OIT. La Ley no fue consultada y ha sido rechazado su contenido en múltiples ocasiones, ante su esencia colonialista y la entrega de nuestro derechos a un Estado cuyas administraciones gubernamentales, se encuentran atrofiadas por la corrupción y el clientelismo.