El próximo tres de marzo, se cumplen cuatro años de haber sido asesinada Berta Cáceres. Lideresa indígena que luchó de forma permanente por la defensa de los territorios de los pueblos indígenas y la implementación de la Consulta Previa, Libre e Informada, como un mecanismo de reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas.
El 27 de junio de 1989, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el texto del Convenio 169, convirtiéndose en un instrumento jurídico para la protección de los pueblos indígenas, los que hasta la fecha continuamos resistiendo los embates coloniales. Es hasta el 2012 cuando en el marco del proyecto El Acuerdo Voluntario de Asociación UE-Honduras, AVAFLEGT y el proyecto ONUREDD, que el Estado mostró interés en crear un mecanismo de consulta. Tanto las organizaciones indígenas como el mismo Estado elaboraron sus anteproyectos de consulta, los que a final de cuentas fueron desdeñados, ante la imposición por parte del PNUD de un nuevo borrador, copiado de la actual Ley de Consulta del Perú.
Después de más de dos décadas de haber sido ratificado el Convenio 169 de la OIT y de una década de haber haber sido aprobada la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, el Estado de Honduras esta imponiendo una Ley de Consulta Previa para los pueblos indígenas con la cual pretende ademas de “cumplir” con los compromisos adquiridos, desmantelar la consulta para convertirla en un mero trámite administrativo.
El pueblo Garífuna reunido en la ciudad de Trujillo, con la participación de más de 400 personas, incluyendo líderes comunitarios y 18 presidentes de Patronatos; los cuales ante la inminente aprobación del anteproyecto de Ley de Consulta, Previa, Libre e Informada(CPLI), impuesta por el estado de Honduras manifestamos
Para sorpresa de los pueblos y organizaciones indígenas, en especial aquellas que hemos cuestionado el proceso de elaboración de ley, nos hemos enterado de forma tardía que el Estado de Honduras, el 28 de febrero del presente año remitió a la OIT, una versión “revisada” del anteproyecto de Ley de Consulta Libre, Previa e Informada.
Entre las observaciones presentadas por la OIT, las referente al segundo artículo de la ley, la OIT sugiere que se incluya “La finalidad de la presente Ley es establecer procedimientos apropiados para realizar consultas con las comunidades de los PIAH, respecto a todas las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, a través de sus instituciones representativas y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, según corresponda. La Consulta no implica derecho a veto.”
En el caso de Honduras, después de dos décadas de haber sido ratificado el Convenio 169, el Estado impulsado por ONU REDD- PNUD y el AVA FLEGT de la Union Europea, comenzó a promover en el año 2012 la elaboración de un anteproyecto de Ley de Consulta. Para el 2016, el Estado descartó las propuestas elaboradas por la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) y la Dirección General de Pueblos Indígenas y Afrohondureños, para posteriormente contratar un equipo de asesores extranjeros, los cuales elaboraron una copia de la controvertida Ley de Consulta del Perú.
Después de más de dos décadas de haber ratificado el Convenio 169 de la OIT, el Estado de Honduras a instancias del Programa ONUREDD y el AVA FLEGT de la Unión Europea, comenzó desde el año 2012, un proceso de elaboración de un anteproyecto de Ley de Consulta, Previa, Libre e Informada (CPLI).
Hasta la fecha el Estado hondureño ha eludido la aplicación del principio pro homine y demostrado una enorme capacidad para distorsionarlo, violando de forma repetitiva el artículo 21 de la Convención Interamericana de derechos Humanos. Inclusive ha venido evitado cumplir con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz
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