A 30 años del Convenio 169 de la OIT, la destrucción de la consulta previa a manos del Estado

El 27 de junio de 1989, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el texto del Convenio 169, convirtiéndose en un instrumento jurídico para la protección de los pueblos indígenas, los que hasta la fecha continuamos resistiendo los embates coloniales. Es hasta el 2012 cuando en el marco del proyecto El Acuerdo Voluntario de Asociación UE-Honduras, AVAFLEGT y el proyecto ONUREDD, que el Estado mostró interés en crear un mecanismo de consulta. Tanto las organizaciones indígenas como el mismo Estado elaboraron sus anteproyectos de consulta, los que a final de cuentas fueron desdeñados, ante la imposición por parte del PNUD de un nuevo borrador, copiado de la actual Ley de Consulta del Perú.

Resolución del juzgado de Trujillo y el fin de la propiedad comunitaria en Hondura

Después de más de un año de espera, a inicios del mes de noviembre del año pasado, finalmente se logró obtener acceso a la Resolución emitida por el Juzgado de letras de la ciudad de Trujillo, en relación al caso de abuso de autoridad por parte de al registradora Tania Yamileth Santos Antunez, la que procedió a registra un terreno que se encuentra del título comunitario de Guadalupe, Colón; desmembrado de forma ilegal, y el cual fue registrado a nombre de la empresa CARIVIDA propiedad del canadiense Patrick Forseth.

Honduras: nociva versión de ley de consulta pretende imponer gobierno de JOH

Según la información recibida por parte de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, CUTH, el gobierno de Honduras presentó recientemente ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT), una nueva versión de la Ley de Consulta Previa, libre e Informada (CPLI); con el propósito de obtener las observaciones sobre el anteproyecto de parte de ese organismo internacional, el cual adoptó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en 1989, de forma tripartita con participación de los gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores.

¿Existe la aplicación de justicia para los pueblos indígenas en Honduras?

ELa Ceiba, mayo 11 de 2018.- Los pueblos indígenas en Honduras atravesamos por una grave crisis ante la ofensiva para la apropiación de territorios y “recursos”, al mismo tiempo que el endeble estado de ley existente en el país, se ve afectado por la desaparición de la independencia de poderes, dando lugar a siniestros abusos…

Berta Cáceres: un crimen de estado relacionado con la consulta previa

El arresto del ex militar David Castillo Mejía, presidente de la empresa Desarrollo Energéticos S.A (DESA) cuando se aprestaba a salir del país, casualmente dos años después del asesinato de Berta Caceres, demuestra lo que ya se conocía desde hace meses, sin embargo el Ministerio Público hizo una vez más alarde de su incapacidad en el retardo de la aplicación de justicia.
Hasta la fecha, todo parece indicar que el asesinato de Berta Caceres, fue un aparente operativo militar, llevado a cabo bajo las órdenes de la élite de poder económica y política, beneficiarios de la piñata de las cuencas hidrográficas realizada durante el mandato del Sr. Pepe Lobo, acompañado de Juan Hernández quien se desempeñaba como prsidente del Congreso Nacional.

Alerta: complejo energético en la bahía de Trujillo impulsado por empresa propietaria del Gasoducto Dakota.

El anuncio de la supuesta construcción de un denominado “cluster energético”, como parte de la propaganda electoral de la campaña de reelección del actual mandatario, aparentemente incluye la construcción de una refinería, planta de conversión de gas licuado de petróleo (GLP) y una termoeléctrica generadora de 450 megawatts. Las supuestas inversiones – según Casa Presidencial- ascenderán a $ 2550 millones.

Honduras: Consulta Previa y la urgencia del Estado en la aprobación de una Ley Espuria

El pueblo Garífuna exige que el anteproyecto de Ley de Consulta, sea consultado de buena fe con los pueblos indígenas respetando la representatividad de sus organizaciones y cese la imposición de organizaciones fantasmas como encargadas de decidir el futuro de nuestro pueblo, además que se revise si el anteproyecto se apega a los estándares internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas, especialmente el artículo 21, que está redactado de tal forma que contraviene la Declaración Interamericana de Derechos Humanos.