Con la desaparición de cinco jóvenes de la comunidad de Triunfo de la Cruz, quienes fueron sustraídos de sus viviendas en la madrugada del sábado 19 de julio, por supuestos agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI), se repite una vez más las agresiones contra líderes y miembros de las comunidades Garifunas, la que se recrudeció a partir del año 2018.
Repudiamos el asesinato de la Sra. Mirna Suazo, presidnete del Patronato de Masca, acontecido el día de hoy en esa comunidad Garpifuna, cuando dos sicarios que se desplazaban en moto, procedieron asesinarla en su restaurante.
Las comunidades Garífunas en la costa caribe de Honduras vienen siendo abandonadas, especialmente por la juventud y niñez, que han emprendido el incierto camino hacia “el norte”, generando un vaciamiento de los territorios, ante la severa crisis que afecta el país.
Mientras tanto la administración Trumo y su política de “cero tolerancia”, ha dado lugar al surgimiento de campos de concentración y a la separación de miles de hijos de sus padres, hasta el punto que se desconoce el paradero de más de 2400 menores de edad.
A casi diez años del golpe de estado de 2009, Honduras se encuentra bajo una nube permanente de gas lacrimógeno con la cual el cartel que controla el estado pretende disipar su irremediable fracaso; siendo su único sostén el apoyo irrestricto que viene brindando la administración de Donald Trump.
Con un escueto comunicado el Ministerio del Ambiente (MIAMBIENTE), dio a conocer el pasado 8 de agosto el Acuerdo Ministerial 1402-2018, el cual fue publicado el 17 de agosto en la Gaceta No 34. Con dicho acuerdo el Estado logra la imposición de revocar el derecho al acceso a la información en relación a las licencias ambientales otorgadas por dicho ministerio. Para el 30 de agosto, ante el asombro causado por la determinación ministerial, MIAMBIENTE publicó un comunicado en el cual aduce que la medida está destinada a proteger el derecho de propiedad intelectual de los aspirantes a obtener licencias; además de reafirmar supuestamente su apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
En un estudio realizado por Timothy MacNeill y David Wozniak, publicado a finales del año pasado; sobre el “Impacto, económico social y ambiental del turismo de cruceros”, efectuado en las comunidades de Cristales, Río Negro, Chachauate y Eastend, reveló que “el turismo ha empeorado la vida a los residentes de Cristales y San Martín. No ha habido ganancias netas en empleo o ingresos en ninguno de los barrios. La capacidad de los residentes de Cristales para cubrir sus necesidades y alimentarse ha disminuido. Además de esto, hubo serios costos ambientales”.
La actitud dócil asumida por la OEA, la que el día de ayer manifestó “su firme intención de trabajar en el futuro con las autoridades electas de Honduras” demuestra que a pesar de sus dudas sobre el proceso, manifestada en múltiples ocasiones, no se ha convertido en un impedimento para aceptar el gobierno espurio que surge de un fraude electoral preparado de antemano, con el asesoramiento de estrategas en materia de hackeo y adulteración de resultados a través de apagones cibernéticas.
A inicios del presente año, circuló la noticia de la existencia de una orden desalojo promovida por la jueza Iris Amanda Hernández, situación que afectaría a quince familias radicadas en la isla Exposición, Golfo de Fonseca. El factible desalojado, forma parte del inicio de la instauración de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), conocidas también como “ciudades modelo”.
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