La OIT, “derecho a veto” y la libre determinación de los pueblos indígenas

Para sorpresa de los pueblos y organizaciones indígenas, en especial aquellas que hemos cuestionado el proceso de elaboración de ley, nos hemos enterado de forma tardía que el Estado de Honduras, el 28 de febrero del presente año remitió a la OIT, una versión “revisada” del anteproyecto de Ley de Consulta Libre, Previa e Informada.

Entre las observaciones presentadas por la OIT, las referente al segundo artículo de la ley, la OIT sugiere que se incluya “La finalidad de la presente Ley es establecer procedimientos apropiados para realizar consultas con las comunidades de los PIAH, respecto a todas las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, a través de sus instituciones representativas y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, según corresponda. La Consulta no implica derecho a veto.”

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Honduras: nociva versión de ley de consulta pretende imponer gobierno de JOH

Según la información recibida por parte de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, CUTH, el gobierno de Honduras presentó recientemente ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT), una nueva versión de la Ley de Consulta Previa, libre e Informada (CPLI); con el propósito de obtener las observaciones sobre el anteproyecto de parte de ese organismo internacional, el cual adoptó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en 1989, de forma tripartita con participación de los gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores.

Honduras: La distorsión de la consulta previa y la negación de la libre determinación

En el caso de Honduras, después de dos décadas de haber sido ratificado el Convenio 169, el Estado impulsado por ONU REDD- PNUD y el AVA FLEGT de la Union Europea, comenzó a promover en el año 2012 la elaboración de un anteproyecto de Ley de Consulta. Para el 2016, el Estado descartó las propuestas elaboradas por la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) y la Dirección General de Pueblos Indígenas y Afrohondureños, para posteriormente contratar un equipo de asesores extranjeros, los cuales elaboraron una copia de la controvertida Ley de Consulta del Perú.

El Estado de Honduras, PNUD y la distorsión de la consulta previa

Después de más de dos décadas de haber ratificado el Convenio 169 de la OIT, el Estado de Honduras a instancias del Programa ONUREDD y el AVA FLEGT de la Unión Europea, comenzó desde el año 2012, un proceso de elaboración de un anteproyecto de Ley de Consulta, Previa, Libre e Informada (CPLI).

Hasta la fecha el Estado hondureño ha eludido la aplicación del principio pro homine y demostrado una enorme capacidad para distorsionarlo, violando de forma repetitiva el artículo 21 de la Convención Interamericana de derechos Humanos. Inclusive ha venido evitado cumplir con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz

Alerta: A punto de ser aprobado anteproyecto ley de Consulta impulsado por el Estado de Honduras y PNUD

La inminente aprobación en el Congreso Nacional del Anteproyecto de Ley de Consulta (CPLI), promovida por el Estado de Honduras y el P.N.U.D, nos coloca en estado de alerta a los pueblos indígenas del país, defensores de los bienes comunes y la madre tierra.

Ley de Consulta promovida por ONUREDD y el Estado de Honduras viola el Convenio 169 de la OIT

En Honduras hasta la fecha los pueblos indígenas sufrimos un colonialismo interno practicado como una política de Estado, que ha dado lugar a una enorme cantidad enorme de violaciones a los derechos; entre otras el doloroso asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, acontecido hace casi seis meses, sin que hasta la fecha se haya develado los nombres de los autores intelectuales del macabro crimen.

Honduras: El asesinato de Berta Cáceres y el Derecho a la Consulta Previa

El asesinato de Berta Cáceres el pasado 3 de marzo, es un indicador de la actual situación de los pueblos indígenas en Honduras. La líder indígena luchó de forma denodada por la aplicación del derecho a la consulta previa, la defensa de bienes comunes y los territorios ancestrales, situación que provocó a la élite de poder del país y subsecuentemente su eliminación física.