El 27 de junio de 1989, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el texto del Convenio 169, convirtiéndose en un instrumento jurídico para la protección de los pueblos indígenas, los que hasta la fecha continuamos resistiendo los embates coloniales. Es hasta el 2012 cuando en el marco del proyecto El Acuerdo Voluntario de Asociación UE-Honduras, AVAFLEGT y el proyecto ONUREDD, que el Estado mostró interés en crear un mecanismo de consulta. Tanto las organizaciones indígenas como el mismo Estado elaboraron sus anteproyectos de consulta, los que a final de cuentas fueron desdeñados, ante la imposición por parte del PNUD de un nuevo borrador, copiado de la actual Ley de Consulta del Perú.