Honduras: Firma del Protocolo de Nagoya y los Pueblos Indígenas.

La firma el pasado 13 de febrero por parte del estado de Honduras, del Protocolo de los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa de los Beneficios Derivados de su Utilización, conocida también por sus siglas en inglés como ABS, apertura nuevas formas de despojo a los pueblos indígenas del país.

Desde la firma del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (1992), se viene hablando de crear una supuesta  estrategia para la protección de las especies, al mismo tiempo sobre el acceso equitativo a los recursos genéticos. Bajo el esquema de “protección” del conocimiento tradicional y en contra de la biopiratería, las Naciones Unidas durante años estuvo elaborando el Protocolo, para definir una estrategia que garantice los derechos de los pueblos indígenas. No obstante la visión mercantilista existente, enmarcada en el concepto de patentes de propiedad intelectual, y la inefectividad existente por parte de la mayoría de los estados-nación en relación a la protección de los pueblos indígenas, nos hace dudar de las “buena intenciones” del Protocolo.

Ya para el año 1992 el Convenio de Diversidad Biológica en su artículo 15 señaló que: “El reconocimiento de los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales, la facultad de regular el acceso a los recursos genéticos incumbe a los gobiernos nacionales y está sometida a la legislación nacional. Cada Parte Contratante procurará crear condiciones para facilitar a otras Partes Contratantes el acceso a los recursos genéticos para utilizaciones ambientales adecuadas, y no imponer restricciones contrarias a los objetivos del presente Convenio” 

El artículo en cuestión otorga la jurisdicción  de los recursos genéticos a los estado-nación, sin tener en cuentas las políticas de colonialismo interno que tanto afectan a los pueblos indígenas  y la cual desgraciadamente el Protocolo con su visión mercantilista viene a corroborar.

La Décima Conferencia de las Partes (COP10) y el Protocolo de Nagoya

Del 18 al 29 de octubre del año 2010, se efectuó la 10 Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en donde se analizó el deterioro a los ecosistemas y la biodiversidad en general. En la COP10 se vivió una vez más la habitual división entre los países industrializados del norte y los países “pobres” del sur, entre el norte biopirata y el sur saqueado, entre una visión de un desarrollo fundamentalista y las economías de subsistencia.

El pueblo indígena Aichi de nagoya, pidió disculpas  a la humanidad por la aberrante explotación  existente en el planeta, ante la erosión genética causada por los países industrializados en pos del crecimiento económico, mencionando los Aichi entre otras, desde la opresión de género hasta el rol asumido por la casi totalidad de los estados nación de representar los intereses del norte más que a sus pueblos. En resumidas cuentas los Aichi se pronunciaron en contra de la  ideología del crecimiento que viene siendo impuesta por los países industriados y que a arrastrado el planeta al borde de la destrucción.

La COP 10 arrojó 20 objetivos estratégicos para proteger la biodiversidad y frenar la alarmante pérdida de especies; además del Protocolo sobre Acceso y Reparto de los Beneficios (ABS) conocido también como el Protocolo de Nagoya, el cual tiene como propósito lograr que los beneficios obtenidos por la industria farmacéutica y cosmética lleguen hasta los pueblos que han proporcionado la información relacionada con los productos derivados de su conocimiento tradicional.

De la Bioprospección a la Biopirateria 

El conocimiento tradicional etnobotánico de los pueblos indígenas del planeta ha sido fuente de información para las compañías farmacéuticas que desde hace más un siglo, se han venido lucrando de medicamentos elaborados a base de plantas. Soló en le caso del cáncer más del 60 % de los medicamentos se basan por lo menos parcialmente en fuentes naturales.

Los pueblos indígenas han sido sometidos a una incesante investigación a cargo de universidades y compañías farmacéuticas, tratando de desentrañar su conocimiento tradicional. Los casos de bioprospección convertido en biopiratería abundan, hasta el punto que se ha creado el premio, “el capitán garfio” a las compañías que se han “lucido” por el saqueo y lucro en base al conocimiento tradicional de los pueblos.

El irrespeto al Consenso Previo Libre e Informado (CPLI) es en el continente la norma hasta la fecha. En la casi absoluta mayoría de los casos de biopiratería registrados, a los pueblos no se les ha informado y mucho menos consultado. Han sido patentados  un enorme número de plantas domesticadas por los pueblos indígenas, entre otras: la curcuma, el neem, el arroz basmati, la kava, la ayahuasca, la quinoa, el frijol enola.

Sin embargo, el caso mas aberrante es el del genoma de los pueblos yanomami y ngobe-bugle y los Hagahai de Papua Nueva Guinea. En este último pueblo se genero un enorme escándalo  causado por la  antropóloga Carol Jenkins, quien obtuvo una patente comercial en base al ADN obtenido de miembros del pueblo hagahai bajo engaños, convirtiéndose en un sonado episodio de colonialismo genético.

Honduras y el irreespeto a la CPLI

Una de las mayores problemáticas para los pueblos indígenas de Honduras, es la sistemática actitud asumida por las diferentes administraciones gubernamentales de ignorar el Consentimiento Previo Libre e Informado, conocido también como el derecho a la consulta.

A pesar que el estado de Honduras, a mediados de la década de los años 90, firmó y ratificó el Convenio 169 de la OIT y en el año 2007 suscribió la Declaratoria de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), de forma persistente y continua se ha venido ignorando el derecho a la consulta.

Representantes del estado de Honduras en una audiencia ante la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en octubre del año pasado en Washington, afirmaron que  la actual administración está elaborando a través de la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) un reglamento sobre la consulta en proyectos que estén relacionados con la biodiversidad. Al mismo tiempo de forma incongruente con los Convenios y Tratados firmados, la SERNA a otorgado licencias ambientales a doquier, para la construcción de represas hidroeléctricas, muchas de ellas dentro del  territorio de los pueblos.

La imposición a partir del golpe de estado de  una serie de leyes de corte neoliberal viene aperturando la privatización de  territorios y biodiversidad. La ausencia de una verdadera democracia en Honduras, sirve para aplastar a los pueblos indígenas en pos de un supuesto desarrollo depredador cimentado en la ideología del crecimiento económico.

Existe un precedente en relación al sistema de patentes y pueblos indígenas, cuando el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) trató de imponer una supuesta Ley de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, que en su artículo 77 otorgaba al instituto de Antropología e Historia (IHAH) la facultad de “otorgar derechos de propiedad intelectual sobre los conocimientos y prácticas culturales de los Pueblos Indígenas y afrohondureños”.

Con la firma del Protocolo de Nagoya y ante la ausencia de un reconocimiento del CPLI, es de esperar que a través de las instituciones  paternalistas que se han creado después del golpe de estado, las cuales tutelan el despojo a los pueblos indígenas; se avale la biopiratería, sobre todo entre los pueblos que poseen un enorme acervo etnobotánico, en el marco de la visión capitalista del sistema de patentes de propiedad intelectual, imperante entre los entes gubernamentales de la república bananera de Honduras.

La Ceiba 28 de Febrero del 2012

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH


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