Crimen de Estado: El asesinato de Berta Cáceres y la participación de militares hondureños.

Sambo Creek, 11 de Mayo del 2016.- A los dos meses de haberse perpetrado el asesinato de Berta Cáceres, la Agencia técnica de Investigación (ATIC) acompañado de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, procedieron a efectuar una serie de allanamientos en las ciudades de Tegucigalpa, La Ceiba y Trujillo, dirigidos a arrestar a los supuestos asesinos de la lideresa indígena Berta Cáceres.

Entre los implicados se encuentra Sergio Rodríguez Orellana, un empleado de la Compañía Desarrollo Energético Sociedad Anónima (DESA) y dos militares, entre ellos el Mayor Mariano Díaz, miembros activos de las Fuerzas Armadas, el que desempeña además como instructor de la Policía Militar -ente militar impulsado por Juan orlando Hernández-, ademas de un teniente retirado

Es inverosímil que el mayor Mariano Diaz, considerado por algunos como como un elemento consentido dentro de las fuerzas armadas, hubiera participado en el asesinato sin que sus superiores estuvieran informados al respecto.

La militarización en Honduras se recrudeció a partir del golpe de estado, sirviendo de catalizador el colapso de la policía nacional, la que  en buena parte se convirtió en una especie de cartel al servicio del crimen organizado. El Sr. Juan Hernández aprovechó la crisis policial para promover la Policía Militar, la cual actúa como su guardia pretoriana.

Ciertamente el avance en las investigaciones es resultado de la presión internacional y la intervención directa de los Estados Unidos, país que se ve afectado por la corrupción y colapso institucional en Honduras, promovido por los que han sido socios del imperio hasta la fecha.

La narrativa de terror impuesta en Honduras por sus gobernantes ha culminado en una serie de crímenes de estado que van desde el saqueo del Instituto Hondureño de Seguro Social, el que ha tenido como resultado un número no cuantificado de víctimas, hasta la eliminación sistemática de menores de edad.

Las más de 4 mill mujeres asesinadas entre el 2014 y 2015, forman parte de la política de exterminación a la que nos acostumbramos los hondureños a padecer como si fuera parte de una aberrante “normalidad”; al mismo tiempo que funcionarios estatales embriagados por el poder persisten en vender la imagen de una Honduras inmaculada.

En la supuesta guerra contra las drogas, los pueblos indígenas hemos sido víctimas de la farsa que ha culminado en la masacre de Ahuas perpetrada por la DEA y los asesinatos  cometidos por la Fuerza Naval en la barra de Iriona.

El asesinato de Berta Cáceres fue premeditado con una enorme alevosía, y sus autores intelectuales pueden tener la certeza que tarde o temprano sus nombres saldrán a flotes, y lo más probables es la existencia de banqueros y funcionarios gubernamentales involucrados en la orden emitida a los militares sicarios que participaron directamente en el homicidio.

La persecución estatal a Berta, llegó al extremo de plantarle un arma de fuego, con el propósito de criminalizarla, y el estado al no poder llevar a cabo su cometido optaron por su eliminación

Ante las protestas del COPINH por el asesinato y la reacción violenta de las fuerzas de seguridad, aplaudidas por los medios de comunicación sistémicos y los bots al servicio de Juan Hernández, encaja las observaciones del juez de la Corte IDH,  Raul Zaffaroni sobre crímenes de estado: “La condenación de los condenadores. Es una técnica de neutralización bastante frecuente en los crímenes de Estado, especialmente cuando se dirigen contra pacifistas, disidentes o adversarios políticos”.

El asesinato de Berta marca el inicio de la caída de la dictadura, la cual a pesar de su enorme gasto en propaganda, no puede contener el rechazo absoluto de un país cuya niñez huye en estampida ante la violencia imperante, la corrupción y barbarie de este gobierno.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Un comentario en “Crimen de Estado: El asesinato de Berta Cáceres y la participación de militares hondureños.

  1. Reblogueó esto en Human Rights Observation/Hondurasy comentado:
    English translation from Ag Missions:
    State Crime: the assassination of Berta Cáceres and the participation of the Honduran military.
    OFRANEH:
    Sambo Creek, May 11, 2016.

    Two months after the assassination of Berta Caceres, the Technical Investigation Agency (ATIC), together with the Special Prosecutor for Crimes against Life, effectuated a series of arrests in the cities of Tegucigalpa, La Ceiba and Trujillo, aimed to arrest the alleged killers of the indigenous leader Berta Cáceres.

    Among those implicated are Sergio Rodríguez Orellana, an employee of the Energy Development Company (DESA) and two military, among them Major Mariano Díaz, active member of the Armed Forces who also works as an instructor for the Military Police, entity created by Juan Orlando Hernández- as well as a retired lieutenant.

    It seems unlikely the Major Mariano Diaz, considered a consenting (obeying) element within the armed forces, would have participated in the assassination without his superiors being informed. The militarization of Honduras intensified after the coup d’etat, serving as a catalyst for the collapse of the national police, which for the most part turned into a kind of cartel at the service of organized crime. Mr. Juan Hernández took advantage of this crisis to promote the Military Police, which acts as his praetorian guard.

    Certainly the progress in the investigations is the result of the international pressure and the direct intervention of the U.S., a country affected by the corruption and institutional collapse in Honduras, promoted by those who have been partners of the empire until now.

    The terror narrative imposed in Honduras by those in power has culminated in a series of state crimes ranging from the pillage of the Honduran Social Security Institute, which resulted in a unknown number of victims, all the way to the systematic elimination of minors (youth). The more than 4,000 women assassinated between 2014 and 2015 are part of a policy of extermination that we Honduras are getting used to as if this were part of an aberrant “normality.” At the same time state officials, drunk on power, persist in selling the image of an Immaculate Honduras.

    In the supposed war on drugs, the indigenous peoples have been the victims of a farse that culminated in the massacre of Ahuas perpetrated by the DEA and the assassinations committed by the Navy on an Iriona sand bar.

    The assassination of Berta Caceres was premeditated with great treachery, and the intellectual authors can be sure that sooner or later their names will rise to the surface, and most probably there will be bankers and government officials involved in the order given to the military killers who participated directly in the homicide.

    The state persecution of Berta reached its extreme when they planted a firearm on her, with the objective of criminalizing her, and the state having failed that, opted for her elimination.

    In face of the protests of COPINH for the assassination, the violent reaction of the security forces, applauded by the mainstream media and those at the service of Juan Hernandez, is summed up by the comment by Judge Raul Zaffaroni of the Inter American Commission of Human Rights, about crimes committed by governments: “The condemnation of the condemned. This is a neutralizing technique used frequently around state crimes, especially when they are directed againt pacifists, dissidents and political adversaries.”

    The assassination of Berta marks the beginning of the fall of the dictatorship, which despite its enormous expense on propaganda, cannot contain the absolute rejection of a country whose children flee in a stampede in the face of the reigning violence, corruption and the barbarity of its government.

    Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

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