Alerta: complejo energético en la bahía de Trujillo impulsado por empresa propietaria del Gasoducto Dakota.

El anuncio de la supuesta construcción de un denominado “cluster energético”, como parte de la propaganda electoral de la campaña de reelección del actual mandatario, aparentemente incluye la construcción de una refinería, planta de conversión de gas licuado de petróleo (GLP) y una termoeléctrica generadora de 450 megawatts. Las supuestas inversiones – según Casa Presidencial– ascenderán a $ 2550 millones.

Aparentemente la empresa que pretende invertir en la construcción del “cluster” es Energy Tranfer, empresa vinculada ala construcción del controvertido gasoducto Keystone, específicamente del denominado Dakota Access, al cual se ha opuesto el pueblo Sioux, el que fue acompañado por los restantes pueblos indígenas de los Estado Unidos y el movimiento ambientalista en una épica lucha que se extendió por varios meses.

Energy Transfer es propiedad del sr. Kelcy Warren, propietario de la empresa Roatán Electric Company (RECO) además de la isla de Barbareta. RECO ha generado un enorme insatisfacción con el alto costo del servicio eléctrico en Roatan, alcanzando uno de los precios más altos por kilovatio en el mercado internacional, el que llegó en el 2012 a 0,44 de dólar.

Warren ha logrado amasar una enorme fortuna con el próspero negocio del transporte de gas de esquisto, el que floreció bajo la administración de Obama, como parte de una ofensiva energética estadounidense, dirigida a suplantar a países como Iran, Rusia y Venezuela -exportadores tradicionales de gas natural- y de esta forma proceder ha desmantelar iniciativas tales como la del ALBA promovida por Venezuela entre entre los países del Caribe y América Latina, a los cuales Venezuela surtió en la última década a precios preferenciales.

El saturación en el mercado producto de la producción de gas y petróleo de esquisto en Estados Unidos indujo a un declive en el precio de los combustibles fósiles, los que tendrán tarde que temprano un repunte ante el anunciado fin de pico del petróleo. La facturación hidráulica conocida como fracking ha sido señalada de inducir terremotos además de contaminar los mantos friáticos. Ciertamente el gas natural es menos contaminante que otros combustible fósiles, sin embargo no deja de contribuir a la problemática del cambio climático; además que la dependencia de la importación de gas de esquisto incrementará la dependencia energética con los Estados Unidos, específicamente con el magnate Warren, el que parece ser tiene un agudo olfato para los negocios y carece de compromiso social alguno.

La lucha del pueblo Sioux contra el gasoducto y la posición cerrada asumida por Warren es un presagio de las posible actitud que asumirá el magnate texano en relación a los reclamos que puedan surgir por los problemas ambientales que puedan generar en cuanto al “cluster energético”, que de paso no ha sido consultado de forma previa con las comunidades Garífunas donde pretenden instaurar los proyectos. Cabe señalar que Energy Transfer demandó a Greenpece por su oposición al Dakota Access.

De las difuntas ZEDES a la resurrección electoral.
Como parte de la campaña publicitaria a la reelección ilegal de Juan Hernández, la actual administración saca a relucir el proyecto heredado de la administración Lobo, denominado “ciudades modelo”, el que fue declarado inconstitucional en octubre de 2012, teniendo como consecuencia un golpe del poder legislativo al judicial, dando lugar a un debacle en materia de justicia ante la actual inexistencia de independencia de poderes.

Las “ciudades modelo” es un reciclaje de la ciudad-estado medieval, las que sirvieron para que el economista estadounidense Paul Romer tratara de implementar en isla de Madagascar donde el pueblo Malgach se levantó en contra del gobierno de Marc Ravalomanana, cuando este concedió de forma gratuita más de 100 mil hectáreas de tierra a la empresa surcoreana DAEWOO filial del complejo metalúrgico POSCO. Romer días antes de la resolución de ilegalidad surgida de la Corte Constitucional, renunció a continuar participando en la construcción de su proyecto distópico en Honduras.

El planteamiento de las ciudades modelo como una solución al desempleo, es el anzuelo electoral. Desafortunadamente el problema del desempleo es consecuencia de la inequidad existente en la repartición de la riqueza en el país, ademas la ausencia de inversión en educación y salud, situación que se agravó con el actual gobierno el que se ha dedicado a la inversión en el rubro de seguridad y miltarización, como una respuesta a la enorme violencia por la cual atraviesa Honduras.

La consulta previa es un deber insoslayable para el Estado de Honduras.
El Estado de Honduras ha eludido durante más de dos décadas la implementación de la Consulta Previa reconocida por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Situación que se agravó con la pretensión de distorsionar la consulta y convertirla en una mera formalidad a través de un anteproyecto de ley espurio, promovido por el PNUD en Honduras.

La reciente aprobación de la Ley de Turismo elaborada por la Consultora Mckinsey demuestra que el Estado no tiene intención para proteger y reconocer los pueblos ancestrales de los indígenas. La aprobación de la ley se efectuó a matacaballo y en ningún momento se consultó al pueblo Garífuna, el cual puede ser uno de los más afectados por la implementación de la ley.

De igual forma las ZEDE nunca han sido consultadas con las comunidades, a pesar que el artículo 43 de la Ley ZEDE, el que menciona el Convenio 169 de la OIT, pero que hasta la fecha no se ha concretado en consulta alguna sobre 5 de las 12 áreas contempladas para la conversión en ZEDE.

La Corte interamericana de Derechos Humanos señala en sentencia del caso Triunfo de la Cruz vs Honduras: “Con relación a lo anterior, este Tribunal recuerda que es deber del Estado, y no de los pueblos indígenas, demostrar que en el caso concreto estas dimensiones del derecho a la consulta previa fueron efectivamente garantizadas. El incumplimiento de la obligación de consultar, o la realización de la consulta sin observar sus características esenciales, pueden comprometer la responsabilidad internacional de los Estados”.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

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