La subasta de la biodiversidad en el paraíso de la corrupción y el narcotrafico

El colapso político y moral que se viene dando en Honduras es evidente en medio de la persecución que ha decretado el Estado contra las defensoras y defensores de la madre tierra, quienes vienen siendo aniquilados o encarcelados por el actual régimen.

Desde el 2010 al 2017 según Global Witness en honduras ocurrieron alrededor de 120 asesinatos a defensores de la madre tierra, sumando un sinnúmero de procesos judiciales que han llevado a la cárcel a centenares de personas vinculadas a la defensa de los territorios y recursos naturales, que hoy día son objeto de explotación minera o forestal así como cuencas hidrográficas entregadas a inversionistas privados para la construcción de represas hidroeléctricas.

Honduras ha sido convertida en la última década en una especie de infierno jurídico donde el aparato judicial representa los intereses de una élite de poder asociada con la destrucción premeditada de la madre tierra, al mismo tiempo que se han dedicado al trasiego de estupefacientes y otros negocios ilícitos.

Desde el golpe de estado de 2009, se ha fraguado la utilización de áreas protegidas para la implementación de proyectos de destrucción en nombre de un supuesto desarrollo que beneficiará a la reducida élite de poder.

En el caso de Guapinol, la alteración de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras, sirvió para que la empresa Pinares obtuviera por parte de MIAMBIENTE las licencias necesarias para proceder a la destrucción de la cuenca hidrográficas dentro de la zona núcleo de área protegida.

El Ministerio Público ha procedido contra 37 miembros de la comunidad de Guapinol siendo el último episodio el encarcelamiento de 7 integrantes del Comité Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales de Tocoa, cuando una jueza con jurisdicción nacional dictó el pasado domingo. nn auto de formal procesamiento con prisión preventiva en contra de siete ambientalistas de Guapinol

La persecución es desatada por el clan Facussé Perez, con el aval del alcalde de Tocoa el señor Adan Funez (quien curiosamente pertenece al partido LIBRE), y el que se ha negado a efectuar un cabildo abierto como, tal como lo indica la actual y cuestionada Ley de Minería.

El clan Facussé desde hace décadas ha mantenido una estado de terror en el Bajo Aguan, situación que desde el 2010 ha sido un escenario de guerra de baja intensidad, agravado por la ausencia de un estado de ley en el país, y en el que el poder judicial pasó a ser controlado por el poder ejecutivo a partir de diciembre 12 del 2012.

La detención de Orfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez; es un señal inequívoca de como los operadores de justicia se encuentra probablemente bajo el influjo del clan Facussé Perez; bordeando las acciones emprendidas, el prevaricato

Es inaudito que mientras la cúpula del poder ejecutivo y miembros del legislativo, ademas de fuerzas de sugeridas son señalados por la justicia estadounidense de estar vinculados al narcotráfico, lmientras defensores del agua en honduras son perseguidos por la justicia y asesinados.

Será que existe autoridad moral por parte del poder judicial en Honduras de criminalizar a los defensores y defensoras de Guapinol, mientras  integrantes del Estado son proseguidos por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, por haber utilizado la estructura del Estado para delinquir

4 de Septiembre del 2019

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

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