Honduras: Estado fallido y la persecución a Berta Cáceres y el COPINH

La detención el pasado 24 de mayo de Berta Caceres y Tomas Gomez a manos de un grupo de militares, bajo los cargos de posesión de un arma ilegal, es parte de una campaña desatada en contra  de  la defensa de los territorios de los pueblos indígenas de Honduras.

La lucha emprendida por el COPINH en relación a la construcción inconsulta de la represa hidroeléctrica de Río Blanco y los dos meses de resistencia popular que se ha dado en el lugar de los hechos, la ha convertido en un objetivo de la elite de poder nacional involucrada en la destrucción de las cuencas hidrográficas y de los bienes comunes.

El escenario hondureño se asemeja a un estado fallido inducido: el aparato de seguridad nacional colapsa, dada sus vinculaciones con el crimen organizado, el autorobo de arsenales de la policía y el ejercito se han convertido en una practica usual, el país se encuentra sumergido en un agitado mar de sangre, especialmente a partir del golpe de estado del 2009, el que instauró un régimen fascista, apuntalado con unas elecciones espurias y un posterior gobierno de ultraderecha que lentamente  fue reconocido por la comunidad internacional.

En el territorio del pueblo Lenca  se vienen construyendo una serie de represas, muchas de ellas reciben fondos de naciones Unidas a través de los Mecanismos de Desarrollo Limpio entre ellas Rio Blanco, Zacapa, siendo la hidroeléctrica de La Esperanza pionera de este tipo de financiamiento en Centroamérica.

Mas allá de las hidroeléctricas, el territorio Lenca  es amenazado por las empresas mineras y  el Programa REDD, sin que hasta la fecha exista por parte del estado de Honduras la intención de respetar los procesos de Consulta, Previa, Libre e Informada (CPLI), reconocido como  parte de los derechos humanos de los pueblos indígenas, tanto por el Convenio 169 de la OIT como por la Declaración de Naciones Unida sobre los Derechos de los pueblos indígenas.

Existe en Honduras la tradición de plantar evidencias, como una estrategia para desacreditar y neutralizar a los oponentes de la rapiña territorial y defensores de los denominados “recursos naturales”, promovida por la elite de poder  y secundada por el Estado. En el caso del pueblo Garifuna existe el precedente del encarcelamiento durante siete años por supuesto tráfico de estupefacientes, del actual vicepresidente, de OFRANEH, Alfredo Lopez, al cual se le plantó como evidencia dos kilogramos de harina. Posteriormente el caso se tuvo que llevar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para poder lograr su libertad.

La precipitada  militarización que vive el país, no es ninguna garantía para lograr el respeto a los derechos humanos.  Son inauditos los cargos que se presentan en contra de  Berta Cáceres. Ella ya sufría de un seguimiento constante por parte de la Policía Preventiva y unidades del ejercito, situación que fue aprovechado para tenderle un operativo que concluyó con su aprensión y posterior criminalización.

Desafortunadamente el estado de ley imperante en el país se encuentra ante una grave crisis: desde un Ministerio Público intervenido hasta una Corte Suprema adscrita a los mandatos del Congreso Nacional. de ahí que la empresa privada impone sus mandatos. En este caso es DESA-SINOHIDRO, y las autoridades municipales cómplices en la destrucción de los  ríos los promotores de la detención de Berta Cáceres y Tomas Gomez, que el único crimen cometido es defender los bienes naturales que al final son bienes comunes, que no son propiedad privada, porque nos pertenecen a tod@s por igual.

La OFRANEH exige la libertad definitiva de Berta Caceres y Tomas Gomez, a la vez nos solidarizamos y hacemos nuestra la lucha del Pueblo Lenca contra la privatización y destrucción de los bienes comunes, en este caso los ríos que son tan vitales para la sobrevivencia de la humanidad.

Sambo Creek, 12 de Junio del 2013

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

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Acaparamiento de tierras en Honduras: De las RED (“ciudades modelo”) a los REDD (“bosques modelo”)

En los últimos años se ha venido intensificando a nivel planetario el acaparamiento de tierras, afectando especialmente a los habitantes de los países mas pobres del planeta.

África y América Latina se han convertido en los objetivos de empresarios y estados-nación que han “adquirido” alrededor de 200 millones de hectáreas para la producción de granos básicos, agrocombustibles, acuicultura y mega proyectos turísticos. A partir de la creación del denominado Plan de Acción de Bali (diciembre del 2007) se dio inicio a una nueva forma de rapiña territorial promovida por Naciones Unidas y el Banco Mundial, maquillada de solución al cambio climático, bajo el programa de “Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques”, conocida pos sus siglas en inglés como REDD.

La Honduras post golpe de estado, además del incremento de la violencia y las violaciones a los derechos humanos, ha sufrido las secuelas de la concentración de poder en manos del Congreso Nacional, el que ha emitido sin mayor debate una serie de leyes de corte neoliberal, destinadas a la  entrega del territorio nacional, con el propósito de atraer la inversión extranjera.

Al mismo tiempo la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA), en nombre las falsas soluciones la cambio climático ha promovido la entrega de los ríos a la incitativa privada, para la construcción de represas hidroeléctricas, sin tener en cuenta los cambios en la precipitaciones pluviales , como consecuencia del cambio climático. Ahora SRRNA entregará los remanentes de los bosques dentro de los territorios indígenas a compañías extranjeras.

Regiones Especiales para el Desarrollo (RED) y la subasta de Honduras
A partir del golpe de estado en Honduras, la fracasada elite de poder nacional comenzó una subasta del territorio nacional, comenzando por la Bahía de Trujillo, donde el empresario canadiense conocido como el Rey del Porno, Randy Jorgensen, demolió la comunidad Garifuna de Río Negro, además de construir en las frágiles laderas del área protegida conocida como Capiro y Calentura, entre Trujillo y la comunidad  de Guadalupe. Jorgensen obtuvo instantáneas licencias ambientales para sus proyectos depredadores, casualmente durante la dictadura, cuyos funcionarios no vacilaron en validar los proyectos del rey del porno.

Posteriormente el Congreso Nacional de Honduras aprobó a matacaballos en enero del 2011, tras haber modificado la Constitución Nacional la ley conocida como Regiones Especiales para el Desarrollo (RED), alias ciudades modelo, la cual permite la venta de franjas del territorio nacional a inversionistas extranjeros. La actual administración gubernamental pretende subastar desde la Bahía de Trujillo hasta el río Sico, territorio  ancestral del pueblo Garifuna donde se encuentran ubicadas 24 comunidades, consideradas para muestro pueblo como su santuario cultural.

La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional las ciudades modelo  el 17 de octubre del 2012, situación que conllevó a un golpe del poder Legislativo al Poder Judicial el 12 de diciembre de ese mismo año, cuando el Congreso destituyó a los magistrados de la Corte de lo Constitucional opuestos a la subasta del territorio.

Los inversionistas extranjeros que en su momento pretendieron apoderarse de franjas estratégicas del territorio nacional, se autodefinen como libertarios, y no vacilan en declarar a la democracia como una forma obsoleta de gobierno. Una de la exigencia de estos libertarios de ultraderecha es la tercerización en la aplicación de justicia, promoviendo a la isla de Mauricio y las Cortes de  Londres como el lugar idóneo para resolver los litigios jurídicos que se puedan presentar en los estados-ciudad que pretenden instalar en Honduras.

El Congreso Nacional, tras haber perpetrado un golpe a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, introdujo nuevas reformas a la Constitución Nacional y procedió  a aprobar de nuevo la controvertida Ley  el 23 de enero del presente año, demostrando con la defenestración del poder judicial, la inexistencia de independencia de poderes en Honduras.

REDD, falsas soluciones al cambio climático y la usurpación de los  territorios indígenas.
La reciente incorporación de Honduras al Programa REDD de Naciones Unidas, coloca a los pueblos indígenas del país en una situación de indefensión, ante la inexistencia del respeto a los territorios que hemos contribuido a preservar durante siglos. La Ley de Propiedad vigente en Honduras, está diseñada para destruir la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas. El articulo 100, capitulo III, es un caballo de troya, que al implementarlo individualizará los territorios ancestrales de los pueblos indígenas que habitamos en el país.

Honduras sufre de la perdida de un 3.4% de cobertura forestal por año. La deforestación es un negocio asociado con la elite de poder, sumado a la mano criminal de pirómanos que nunca son proseguidos por el endeble estado de ley imperante. Hasta finales del mes de marzo habían ardido 350 mil hectáreas de bosque.

El Programa REDD es una propuesta surgida en el año 2005, liderada por una una serie de países autodenominados La Coalición de Países del Bosque Tropical. En el año 2007 la propuesta fue presentada en la COP13 efectuada en Bali. Desde un inicio, los pueblos indígenas afectados en su gran mayoría por la  ausencia de leyes nacionales que protejan sus territorios, señalaron sus dudas respecto a los supuestos beneficios tanto de los REDD como de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (CDM por sus siglas en inglés).

En mayo del 2008, en El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU (UNFPII,por siglas en inglés) se dio una protesta de los pueblos ante la desconsiderada omisión de Naciones Unidas de respetar sus peticiones y posicionamientos. Casualmente en ese mismo foro en el año 2007, después de 25 años de negociaciones fue aprobada la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Los pagos  de los servicios ambientales por la conservación del bosque, no es mas que un maquillaje para evitar que los países industrializados asuman responsabilidad directa sobre sus emanaciones de gases de invernadero. La deforestación tropical causa sólo el 10% de las emisiones, señala un estudio de la NASA, reduciendo en las dos terceras partes las estimaciones que se habían proyectado a inicios de los años 2000.

Los pueblos indígenas no son los deforestadores. En el caso de Honduras está mas que probado como los indígenas nos comportamos como defensores acerrímos del bosque y la depredación es promovida por políticos, militares y empresarios. El problema toral consiste en la ausencia de respeto a los territorios de los pueblos indígenas, los que poseen títulos de propiedad usualmente se confinan al casco de las aldeas, recayendo el control de sus hábitats funcionales en manos de los estados-nación.

La utilización de los REDD como mecanismo de despojo se viene dando en diversos confines del planeta. desde Papua Nueva Guinea al Peru. Casos como el del pueblo Wandengereko y Warufiji en el delta de Rufuji, Tanzania, los que vienen sufriendo de un despojo sistemático promovida por la WWF y un proyecto REDD, hasta el desalojo de los Ogiek en Kenia, impulsado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

A pesar de la supuesta existencia de salvaguardas en relación al Programa REDD, estas no han sido mas que papel mojado. A partir de los Acuerdos de Cancún, el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) asume la creación de sus propias salvaguardas. Como señala el Forest Peoples Program “La falta de un marco de salvaguardias normalizado y coherente plantea retos importantes en lo que respecta tanto a la obligación de rendir cuentas como a la coherencia, dentro del propio Programa de inversión Forestal (PIF ), el FCPF y el Programa ONU-REDD”.

En Honduras existe la experiencia de como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, utilizan sus salvaguardias a su antojo, no solo desconociéndolas sino también vulnerando Convenios y Declaraciones suscritos por el estado de Honduras. Como ejemplo existe manipulación por parte del Banco Mundial para  lograr imponer la Ley de Propiedad, pieza clave en los despojos que se vienen fraguando en contra de nuestros pueblos.

Tanto las RED como los REDD, se perfilan como instrumentos  de despojo, destinados a apoderarse de los territorios de los pueblos indígenas de Honduras, sin que se haya  efectuado verdaderos procesos de consulta. Desafortunadamente  el estado fallido imperante en el país, sirve de caldo de cultivo de despojos, represión y entrega del territorio nacional.

Sambo Creek, 11 de Junio del 2013

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

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La anulación de la sentencia contra Rios Montt y los fertilizantes de la impunidad

La Corte Constitucional (CC) de Guatemala revocó el lunes pasado la sentencia por genocidio contra el dictador Efraín Río Montt, acusado de ser responsable de la muerte de 1771 indígenas Ixiles, durante su régimen desde marzo de 1982 hasta agosto de 1983.

Para algunos en Guatemala, especialmente la elite de poder asociada al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), amos y señores feudales del país, el juicio al dictador no es mas que la reapertura de las heridas de la guerra librada durante casi medio siglo.

La Fundación Contra el Terrorismo y su libelo intitulado “La Farsa del Genocidio en Guatemala, conspiración marxista desde la iglesia católica”, está impregnado de una serie de acusaciones temerarias y de justificaciones sobre las masacres en contra de la población indígena, perpetradas en su gran mayoría por el ejercito de Guatemala.

A partir de 1954, comenzó en Guatemala una guerra promovida por los Estados Unidos, la cual se inició con una batalla de desinformación manejada a través de la Operación PBSuccess. En los años 60 la guerra se recrudece, llegando a su momento álgido durante la sangrienta dictadura del pastor evangélico Ríos Montt.

El juicio librado, no es solamente contra Río Montt. Es un juicio en contra del sistema feudal imperante en la mayoría de los países centroamericanos , donde los grupúsculos de poder asociado a los Estados Unidos han logrado mantener sus privilegios y botines de pillaje durante décadas.

 El Juicio a Rios Montt llegó a su momento álgido cuando uno de los testigos, señaló al actual presidente Otto Pèrez como partícipe de las masacres en contra del pueblo Ixil. Otto Pérez en una columna que publicó el 25 de julio del 2000, señaló: “En julio de 1982, recién ascendido al grado de mayor, fui asignado a la Fuerza de Tarea Gumarkaaj, con sede en Santa Cruz del Quiché, y de allí, enviado como comandante de un equipo de combate al Triángulo Ixil, con sede en Nebaj. Mi estancia en esa área se extendió por casi un año, y constituyó una experiencia que dejaría una huella imborrable en mi vida personal y profesional”.

La sentencia por genocidio en contra de Ríos Montt, mas que reabrir las heridas de la guerra como clama la ultraderecha, puso a tambalear al actual mandatario guatemalteco, el cual en su momento no tuvo reparo para posar frente a cadáveres en el destacamento militar de Nebaj, tal como se encuentra consignado en un documental finlandés en el que participó el periodista Alan Nairn.

Entre los argumentos utilizados por la uldraderecha para exculpar a Río Montt se encuentra el hecho de haber logrado un triunfo electoral en las comunidades Ixiles en las elecciones del año 2003. Sin embargo el “triunfo” de Ríos Montt fue una derrota para la democracia guatemalteca. El reciclamiento del carnicero  Tito Arias como el presidente Otto Molina, es un severo cuestionamiento a los procesos electorales que se viven en Centroamérica, donde personajes siniestros asociados a la guerra fría son reciclados como “demócratas” y como presuntos salvadores de la patria.

Entre los actos deplorables acontecidos en los últimos días en Guatemala, fue el traslado de ixiles bajo engaños a la ciudad capital, para una supuesta entrega de fertilizantes, fue convertida en una manifestación de apoyo a Otto Pérez. Posteriormente salió a relucir la manipulación por parte de un ex alcalde de Nebaj.

El fenómeno de la impunidad que tanto daño ha causado en Centroamérica, parece agudizarse con la reversión de la sentencia al pastor-dictador Rios Montt. Conferir tintes ideológicos a la aplicación de justicia es una de las estrategias de la ultraderecha para lograr evadir las consecuencias de los crímenes cometidos. La capacidad tropical de distorsionar el debido proceso, nos ha conducido a convertirnos en los países mas violentos del planeta.

No nos resta mas que efectuar un reconocimiento al pueblo Ixil, en especial a sus mujeres; las que han puesto la cara durante décadas, para lograr su sobrevivencia como pueblo indígena, además de haber sido capaces de confrontar a uno de los grupúsculos de poder mas despiadados del continente.

Sambo Creek, La Ceiba, 24 de Mayo del 2013

Organizacion Fraternal Negra Hondurena, OFRANEH

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Agua Zarca, Barillas y Tasabara: Pueblos indígenas, hidroeléctricas y despojos en Centroamérica

La sistemática ofensiva que se está dando en contra de los  pueblos indígenas en Mesoamérica, pone en riesgo la diversidad cultural y al mismo tiempo la biodiversidad del istmo. Las mas de 500 represas hidroeléctricas impulsadas por el ex Plan Puebla Panamá, conocido actualmente como el Proyecto Mesoamérica, se convierten en una destrucción sistemática de la hidrología de los territorios indígenas.

Buena parte de los ríos en Mesoamérica fueron concesionados a empresas privadas, las cuales reciben fondos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM por sus siglas en inglés) o empréstitos de los organismos financieros internacionales. La gran mayoría de estas concesiones, tomaron por sorpresa a los pueblos indígenas que nunca fueron consultados al respecto.

Uno de los factores cruciales omitidos por los estudios de impacto ambiental de las hidroeléctricas, es el cambio climático y las alteraciones que se presentarán en los patrones de precipitaciones pluviales, tomando en consideración los largos períodos de sequía asociados con el fenómeno del niño, y sus consecuencias para el caudal ecológico de los ríos.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en un reciente informe intitulado ” La Economía del Cambio Climático en Centroamérica (2012)”, incluye el estudio “Dos casos de impactos potenciales de hidroelectricidad“, en el cual hace referencia a las consecuencias que traerán las sequías en  los caudales de los ríos y el efecto del calor y subsecuente evaporación en los espejos de agua de los embalses.

En los últimos años se ha recrudecido la imposición de la construcción de hidroeléctricas concesionadas por los estados-nación a cuestionados empresarios,  bajo el mandato del ECPA (Energy and Climate Partnership of the Americas) vienen concediendo licencias ambientales  a doquier; con el supuesto objetivo de adquirir autosuficiencia energética, sin tomar en consideración las graves consecuencias ambientales y sociales de los inconsultos proyectos.

Agua Zarca, el BCIE y la denegación al derecho a la consulta.

El territorio del pueblo Lenca de Honduras es uno de los mas afectados, ante la construcción de 17 represas en su territorio.  Muchas de ellas reciben o han recibido  fondos de los CDM. En el caso especifico de Agua Zarca, la empresa Desarrollo Energético Sociedad Anónima (DESA), obtuvo un préstamo por us$ 24.4 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La represa de Agua Zarca afectará a las comunidades Lencas de Chorrera, Tejera la Unión, San Bartolomé y Agua Caliente. El Estado de Honduras en el año 2001 se comprometió efectuar las consultas apropiadas con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH), e incluso en el marco del 143 Período de Sesiones de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de octubre del 2011, en relación a las Violaciones de derechos humanos en el marco de las Concesiones de Recursos Naturales en Honduras, una de las abogadas del Estado señaló el compromiso de “Redactar y consensuar el Reglamento Especial para la consulta de proyecto ambientales tanto de carácter general como en el marco del Convenio 169″, además agregó que “el actual Ministro dio órdenes específicas que para el año del 2012 esos dos reglamentos estén en vigor”.

La actual administración gubernamental post golpe de estado se ha destacado por violar de forma sistemática el derecho a la consulta, al emitir un sinnúmero de leyes y decretos que afectan directamente los territorios de los pueblos indígenas y su sobrevivencia como culturas diferenciadas.

Tabasara: La represa de Barro Blanco y los petroglifos sagrados del pueblo Buglé

Panamá es el país donde los pueblos indígenas de Centroamérica han sido mas afectados en los últimos años con la construcción de represas hidroeléctricas. La construcción de las inconsultas  represas de Bonyc-Teribe en el territorio del pueblo Naso y la Chan 75 en el territorio Buglé, demostraron la total ausencia de respeto del Estado de Panamá y sus empresarios hacia los pueblos indígenas de ese país.

La construcción de la represa de Barro Blanco recayó en manos de la empresa Generadora del Istmo Sociedad Anónima (GINESA) propiedad del “hondureño” Luis Kafie, controvertido empresario que se encuentra ligado a la producción de energía térmica en Honduras.

Barro Blanco es una de los proyectos de energía limpia que recibe fondos del CDM y del BCIE, a pesar de haber sido repudiada en múltiples ocasiones por el pueblo Ngabe Buglé, ante la destrucción de petroglifos localizados en el río que son considerados sagrados.

En las riberas del Tabasara habitan mas de 40 comunidades que dependen del río para su transporte fluvial y la obtención de alimentos. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) disminuyo el numero de pobladores que serían desplazados y afectados.

El pasado 24 de marzo fue asesinado el indigena Ngobe Bugle Onésimo Rodriguez en las faldas del volcán Chiriquí, aparentemente el crimen fue cometido por policías enmascarados, los cuales capturaron al indígena tras éste haber participado en  una manifestación de protesta por la construcción de la represa de Barro Blanco.

Santa Cruz Barillas, pueblo Kanjobal Maya y el estado de excepción.

El gobierno de Guatemala militarizó el año pasado en el mes de mayo del 2012, y encarcelo ocho líderes comunitarios  durante 254 días, como consecuencia de la represión desatada por el Estado de Guatemala ante la resistencia comunitaria contra la construcción de una represa hidroeléctrica a manos de la compañía española Ecoener Hidralia Energía, para la construcción del proyecto hidroelectrico Cambalan,  que producirá  4.96 megavatios.

Cambalan es otro de  los proyectos hidroeléctricos que recibe fondos del CDM, y en el cual tampoco se ha respetado el derecho a la consulta y consentimiento previa libre e informada. Al contrario: la opinión de la comunidad ha sido irrespetada, al mismo tiempo que Santa Cruz Barillas fue militarizado y su población agredida y reprimida por las fuerzas de seguridad del actual régimen de ultraderecha guatemalteco.

El régimen de excepción o estado de sitio declarado en Santa Cruz, permitió a las fuerzas de seguridad  allanar sistemáticamente las viviendas de los habitantes de Santa Cruz y aldeas circunvencinas, tras haber señalado a la población maya-kanjobal por un supuesto hurto de armas de un destacamento militar  durante  una manifestación, situación que justificó la presencia de 1200 militares en la zona.

El pasado 15 de marzo fue detenido en una aldea de Santa Cruz Barillas, el defensor de derechos humanos Rubén Herrera. El encarcelamiento de Herrera es parte de la campaña de intimidación librada por las autoridades guatemaltecas y lo empresarios españoles que pretenden la imposición de Cambalan, a pesar de la férrea oposición de la población Maya.

“Energía Limpia” y la persecución a los pueblos indígenas de Centroamérica.

Los proyectos hidroeléctricos en los territorios de los pueblos indígenas en Centroamérica pululan, al mismo tiempo los cambios en los patrones  de precipitación pluvial indican que los caudales ecológicos de los ríos se verán severamente afectados. Sin embargo el CDM y el BCIE ignoran el derecho a la consulta que poseemos los pueblos indígenas, y los severos efectos que se vaticinan en relación al cambio climático en el istmo.

A finales de los  años 90 el Banco Mundial promovió el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), programa que descalificó los derechos territoriales de los pueblos indígenas, promoviendo áreas protegidas a doquier y cercenando el derecho al uso de los hábitats de los pueblos. Posteriormente el Banco Interamericano de Desarrollo saco a relucir el Plan Puebla Panamá, el cual en su esencia desconoció el CBM. En la actualidad se construyen represas hidroeléctricas lo largo y ancho del istmo, sin que que hubiésemos escuchado algún posicionamiento de los ambientalistas de escritorio insertados en los organismos financieros o sus clones.

Los pueblos indígenas no descansaremos en reclamar los derechos que nos corresponden y exigimos a  implementación al derecho a la consulta-consentimiento previo libre informado, como el mecanismo más adecuado para frenar la ofensiva neocolonialista que actualmente enfrentamos.

Sambo Creek, La Ceiba Atlántida 3 de Mayo del 2013

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DECLARACION DE VALLECITO

Entre los días 26 al 29 de abril se llevo a cabo en Vallecito, Limón, Colón el Encuentro de Solidaridad Internacional por la reivindicación de los Derechos Territoriales del Pueblo Garifuna, con la asistencia de representantes de los pueblos indígenas, Pech, Lenca, Miskito, Maya-Chorti, Tolupan y Garifuna; representantes de organizaciones internacionales: Estados Unidos, El Salvador, Alemania, Haiti, Francia, en donde se analizaron, discutieron y se tomaron posicionamiento sobre temas de interés para nuestros pueblos en particular y para el pueblo hondureño en general.
Durante las discusiones se destaco que:
•    La falta de aplicación de la consulta y consentimiento previo libre e informado a la luz del derecho internacional sobre los asuntos que nos atañen como pueblos indígenas.
•    El incremento y acelerada usurpación de nuestras tierras y territorios comunitarias.
•    La falta de voluntad política del gobierno para implementar la aplicación  del  Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas (UNDRIP);
•    La falta de voluntad política del ministerio publico y los operadores de justicia para acatar las
•    disposiciones judiciales, tal como sucede en el caso de Vallecito (Colón) y muchas otras comunidades  indígenas y negras del país;
•    Las concesiones de las fuentes  hidrográficos de nuestros ríos para proyectos hidroeléctricos,
•    especialmente la lucha que libra el pueblo Lenca en la defensa de sus comunidades que son amenazadas por la represa de Agua Zarca;
•    Amenazas hostigamiento y persecución de los líderes y lideresas defensores y defensoras de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Honduras;
•    La falta de cumplimiento de los acuerdos en donde el Estado se compromete a la entrega de mas de 14000 hectáreas de tierra a las comunidades Maya-Chorti;
•    La masacre de los herman@s del pueblo Miskito en el río Patuca a manos de la agencia estadounidense DEA;
•    Este gobierno espurio se ha dedicado a aprobar decretos y leyes inconsultas anticonstitucionales que atentan contra nuestra sobrevivencia como cultura diferenciada:  la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (Ciudades Modelo)   ley de Minería e Hidrocarburos entre otras;
•    La implementación de los proyectos REDD+, sin que exista en Honduras un respeto garantizado a los territorios de los pueblos indígenas;
•    La acelerada perdida de la identidad de nuestros pueblos producto de una política de  Estado, racista, clasista y discriminatoria.

POR LO TANTO EXIGIMOS Y DECLARAMOS:
•    Cese la usurpación sistemática de nuestras tierras y territorios por parte de particulares ante el silencio  cómplice del estado gobierno de Honduras.
•    Exigimos la derogación inmediata de los decretos inconstitucionales tales como: Regiones Especiales de Desarrollo (RED), Decretos de Proyectos Hidroeléctricos, Ley de Minería Hidrocarburos y otras  leyes  y decretos que afecten la integridad territorial y cultural  de nuestros pueblos.
•    Ante la vulnerabilidad de las comunidades indígenas del páis especialmente de los  Garífunas, Misquitas, Pech  y  Tawakas  ante los efectos del cambio climático;
•    Exigimos al estado establecer una política efectiva y veraz Estrategia de Mitigación y adaptación al cambio Climático que vaya más allá de las falsas soluciones al cambio climático promovida por los organismos financieros internacionales.
•    Que el gobierno proceda a respetar y aplicar de manera íntegra el contenido del  convenio 169 de la OIT sobre los derechos indígenas y tribales en Estados independientes al tiempo que deploramos la actitud servil de algunos profesionales del derecho que pretenden confundir la opinión publica al promover la falsedad que se debe reglamentar el convenio 169 violentando de esa forma el artículo 18 de la constitución de Honduras que dice: “Cuando haya conflicto entre la constitución y el tratado internacional, prevalece el tratado”.
•    Que se emitan medidas cautelares y urgentes que garanticen la seguridad y el respeto a la integridad física, psíquica de nuestros líderes amenazados por luchar y defender nuestros territorios y biodiversidad
•    Nos solidarizamos con el pueblo Lenca de Honduras en su lucha contra la explotación minera a cielo abierto en el sector de la pretendida represa de Agua Zarca.
•    Exigimos justicia para nuestros hermanos del pueblo miskito cuyos miembros fueron masacrados  por agentes de la Agencia Antidroga de  los Estados Unidos, DEA.
•    Exigimos que el gobierno de Honduras proceda de una vez por todas a sanear y entregar formalmente el usufructo de las tierras de Vallecito a sus legítimos dueños que es el pueblo Garífuna.
•    Acordamos fortalecer el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras, ODHPINH, como un espacio de alianzas y articulación de nuestros pueblos indígenas, para la defensa de nuestros derechos territoriales y biodiversidad.
•    Acordamos impulsar los encuentros y articulación de la juventud y las mujeres indígenas.

Agradecemos profundamente la solidaridad internacional de nuestr@s herman@s de El Salvador y Norteamerica, quienes con mucho sacrificio se trasladaron hasta Honduras y concretamente a nuestras tierras para brindar solidaridad en la acción a nuestras luchas.

Invocamos el espíritu de Satuyé, Baráuda, Lombardo Lacayo, Ítaca y Lempira para lograr la Emancipación que esperamos.

!! A 216 AÑOS DE PRESENCIA GARIFUNA EN HONDURAS, CON LA FUERZA DE NUESTROS ANCESTROS, LA VICTORIA SERA NUESTRA !!!

Vallecito, municipio de Limón, Colón 30 de abril de 2013.

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La pesca de Arrastre, el Anteproyecto de Ley de Pesca y la Desaparición del Pescador Artesanal

Para el pueblo Garífuna, la pesca ha sido uno de los pilares de nuestra economía además de ser parte esencial de la dieta tradicional de nuestro pueblo. A pesar de la importancia de la pesca, vemos como el pescador artesanal se encuentra a punto de desaparecer.

Desde hace mas de treinta años en el golfo de Honduras, se inició la  sobrepesca irracional, fomentada por la flota pesquera industrial, quien en su mayoría tiene como base la Isla de Roatan. La fiebre de la exportación del camarón, generó la destrucción de la riqueza ictiológica: por cada libra de camarón extraído se calcula la pérdida de 7,5 kilos de otras especies.

Según la Ley de Pesca vigente, la cual data del año 1959, el pescador artesanal puede realizar su actividad productiva en la franja de las tres millas náuticas a partir de la línea de la costa, con embarcaciones de una capacidad menor a tres toneladas. Sin embargo la excepción impuesta a la flota industrial de las tres millas náuticas- la cual es el santuario de los pescadores artesanales- ha sido violado sistemáticamente por la flota industrial.

Los pescadores artesanales Garífunas además de sufrir el constante saqueo de su santuario a manos de los industriales, también se vieron afectados por las restricciones de las leyes forestales hondureñas, que impiden la obtención de arboles para la construcción de cayucos, situación que convirtió a los cayucos tradicionales de madera en costosos objetos, fuera del alcance económico de los pescadores; mientras tanto el bosque sucumbió a manos de deforestadores vinculados a la elite de poder y los pirómanos de turno.

Del Anteproyecto de Ley de Pesca y el Derecho a la Consulta.
En el año 2011, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) presentó un anteproyecto de Ley de Pesca, el cual en su artículo 92 indica que “velará por la efectiva participación de los pueblos indígenas”, agregando además: ¨En lo posible, en los procesos de consulta se utilizaran los medios de comunicación que garanticen la correcta y profunda información a estas comunidades y el tiempo necesario para la correspondiente retroalimentación”. Incluye además en el artículo 149 el reconocimiento de las tres millas del santuario de los pescadores artesanales.

Cabe señalar que la versión del anteproyecto del 2011, nunca fue socializado con  el pueblo Garífuna y mucho menos con los pescadores artesanales. Nuestra organización solicitó el anteproyecto ante la Dirección General de Pesca (DIGEPESCA) y ésta se llamó al silencio.

Aparentemente en la actualidad se encuentra en el Congreso Nacional un nuevo anteproyecto de Ley en discusión y análisis según un artículo publicado por el ambientalista Jorge Varela, la nueva versión excluye las tres millas de la franja costera que han sido utilizadas para la sobrevivencia del pueblo Garifuna, además de las Cuotas Transferibles de Pesca  (ITQ por sus siglas en inglés), situación que puede culminar en una forma de privatización del mar.

Como todas las leyes de corte neoliberal aprobadas en la actual administración Lobo, y que se ha destacado por vender el país a  retazos, la nueva Ley de pesca no ha sido consultada de forma adecuada,y pone aun mas en peligro la precaria situación por la que atraviesan los pescadores Garinagu.

La pesca de arrastre y el ecocidio en el Caribe.
La sobrepesca causada en su mayoría por la pesca de arrastre ha generado la  destrucción en la cuenca del Caribe, además la depredación de muchas especies por la pesca de descarte, las redes utilizadas suelen modificar el relieve de los fondos marinos.

Existe una tendencia para tratar de frenar este tipo de ecocidio: Venezuela prohibió la pesca de arrastre en el año 2009,  en el 20012 Ecuador tomó una medida similar, en Costa Rica existe una campaña para lograr frenar la pesca de camarón por arrastre. Mientras, la Unión Europea propone frenar la pesca de arrastre en el fondo de las aguas profundas del atlántico noreste.

Los pescadores artesanales además de la enorme competencia que representa la pesca de arrastre, sufren las consecuencias del cambio climático el cual afecta a muchas especies, que buscan aguas mas profundas para poder adaptarse a los cambios de temperaturas oceánicas.

El cambio climático afecta severamente a los corales y manglares, ya que están amenazados tanto por el calentamiento global como por la acidificación de los  océanos y la salinización de las lagunas costeras, ecosistemas fundamentales para la reproducción de un  sinnúmero de especies marinas.

De la desaparición de los pescadores artesanales y el derecho a la alimentación.
Las problemáticas que actualmente padecen los pescadores artesanales, parece ser que se incrementarán con el inconsulto anteproyecto que se discute en el Congreso Nacional.

El irrespeto sistemático al derecho a la consulta ha sido señalado en el Fondo del Caso de la Comunidad Garifuna de Triunfo de la Cruz, el que actualmente se ventila ante la Corte Interamericana. La CIDH “recomendó al Estado establecer, con la participación de los pueblos indígenas, las medidas legislativas o de otra índole, necesarias para hacer efectivo el derecho a la consulta previa, libre, informada y de buena fe, conforme a los estándares de derechos humanos internacionales”

Sambo Creek, 15 de Abril del 2013

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

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El BCIE, el derecho a la consulta y represa en el territorio Lenca.

La construcción de la represa de Agua Zarca a manos de la compañía DESA, para la producción de 22 megavatios de energía, cuenta con un préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica   (BCIE) por un monto de us $ 24.4 millones, aprobado en el año 2012.

La represa hidroeléctrica estará dotada de tres turbinas de 7,52 MW, las cuales serán suministradas por la compañía Voith Hydro Brasil. Agiu Zarca es la hidroeléctrica más grande del paquete de 24 proyectos aprobado por el Congreso Nacional en julio del año pasado.

Varios de los ríos en el territorio lenca han sido entregados al la elite de poder nacional, con el propósito de producir energía limpia, sin tener en cuenta los efectos del cambio climático en el caudal ecológico y las consecuencias que representa para las comunidades que han preservado durante siglos las cuencas hidrográficas.

El cambio climático ha comenzado a alterar los patrones de lluvia que alimentan nuestro sistema natural de transporte entre la tierra y el océano, sin embargo estas alteraciones n se han tomado en cuenta en los Estudios de Impacto Ambiental y mucho menos en las licencias concedidas por la Secretaria de Recursos Naturales.

En el territorio Lenca se construyó la represa hidroeléctrica de la Esperanza  uno de los primeros proyectos financiados por el fondo de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) de Naciones Unidas.  Al igual que otras represas aprobadas por el MDL para Honduras, en ningún momento se efectuó consulta previa libre e informada (CPLI).

la actual administración Lobo se ha caracterizado por un consistente desprecio al CPLI, siendo uno de los casos casos mas notorio  el del Patuca III, proyecto en el que se ignoró totalmente los Convenios 169 de la OIT y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP por sus siglas en inglés).

El BCIE aprobó el proyecto sin tener en consideración la posición de las comunidades afectas por la hidroeléctrica. Ya existe un nefasto historial de esa institución financiera en relación al represa Bonyc en el río Teribe Panama, donde habita el pueblo naso. El Banco otorgó un empréstito de us$ 51 millones  que la Empresa Pública de Medellin utilizó para represar el río, el cual se encuentra en una área protegida.

En Honduras, al igual que el resto de Centroamérica, existe una ofensiva en contra de los ríos, en nombre de una supuesta producción de energía renovable, sin tener en cuenta el impacto que causa la intensificación del cambio climático y las enormes consecuencias  que tendrá en el caso de Honduras de la disminución de las precipitaciones en especial en los ciclos del fenómeno del niño que tienden a ser más largos y producir mayores sequías.

El estado desconoce el derecho a la consulta, situación  ventilada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la comunidad de Triunfo de la Cruz. la Corte señala que: “La Comisión recomendó al Estado establecer, con la participación de los pueblos indígenas, las medidas legislativas o de otra índole, necesarias para hacer efectivo el derecho a la consulta previa, libre, informada y de buena fe, conforme a los estándares de derechos humanos internacionales; adoptar un recurso eficaz y sencillo que tutele el derecho de los pueblos indígenas de Honduras a reivindicar y acceder a sus territorios tradicionales y que permita proteger dichos territorios ante acciones de parte del Estado o terceros que infrinjan su derecho de propiedad”.

El irrespeto que está cometiendo el autoritario Estado de Honduras, es una muestra mas del desconocimiento al CPLI y por ende al derecho internacional., ademas de la estulticia perversa  y sistemática de sus funcionarios.

Sambo Creek 11 de abril de 2013

Organizacion Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

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