La muerte de la Sra. Feliciana Eligio Suazo, originaria de la comunidad de Durugubuti (San Juan, Tela) tras haber sido interpelada en el Juzgado de Tela, donde se le sindicó de usurpación; saca a relucir una vez mas la inseguridad jurídica que padecemos los Garífunas en Honduras.
La comunidad de Durugubuti se encuentra plagado por conflictos territoriales como consecuencia de la ampliación del casco urbano de la Ciudad de Tela, situación que se agravó a raíz de la emisión del titulo «definitivo» entregado por el Instituto Nacional Agrario (INA) en el año 2000, el que finalmente solo otorgó 68 hectáreas de las 1775 reclamadas por la comunidad; tras excluir del titulo comunitario las propiedades de los miembros de la elite de poder que se han apoderado de gran parte del territorio comunitario de Durugubuti.
El trato como delincuente conferido a la Sra. Eligio por los operadores de justicia de Tela, estuvo impregnado de una actitud de racismo y total indiferencia hacia su condición de persona de la tercera edad que manifestó a las autoridades encontrarse sufriendo de graves problemas de salud.
La Sra. Eligio recibió del Patronato de la comunidad la autorización para utilizar un predio contiguo a un hotel-restaurante de su propiedad. Posteriormente el Juzgado de Tela comenzó un proceso de hostigamiento en contra de la Sra. Eligio sin proceder a informar quien es el foráneo que aduce ser el propietario del terreno supuestamente usurpado.
Municipalidades, Instituto de la Propiedad y despojos comunitarios.
Las comunidades Garífunas de la Bahía de Tela fueron las primeras en ser incluidas dentro del perímetro de la municipalidad, sumándose a los sistemáticos despojos promovidos por empresarios, políticos y militares que al calor de los proyectos turísticos que se viene cocinando desde hace mas de tres decadas.
A partir del golpe de Estado del año 2009 se recrudecen las presiones sobre el territorio Garífuna. El caso mas oprobioso es el de la comunidad de Río Negro demolida por el canadiense Randy Jurgenson, conocido como el rey del porno, quien se encuentra construyendo un muelle para cruceros panamax. El catastro efectuado por el INA con el financiamiento de la Unión Europea en el año 2002, facilitó la atomización del territorio comunitario. El rey del porno con el apoyo de la municipalidad y atemorizando a los habitantes de Río Negro con la aplicación de la Ley de Expropiación Forzosa, obligaron a la mayoría de los habitantes a recibir precios irrisorios por sus predios y casas de habitación.
La Ley de Municipalidades y la Ley de Propiedad son instrumentos utilizados para afectar los títulos comunitarios y por ende facilitan la expulsión de nuestro pueblo de sus territorios ancestrales. Con la introducción del proyecto neocolonial denominado «ciudades modelo», declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia el año pasado -posteriormente reintroducido después del golpe del Congreso Nacional a la Corte Suprema de Justicia- la actual administración gubernamental replicará la demolición de Río Negro a lo largo de toda la costa garífuna.
La parcialidad del sistema de justicia y los despojos al pueblo Garifuna.
La comunidad Garífuna de Punta Piedra fue invadida por un «grupo campesino» finanaciado por el general Castro Kabus, afincándose la invasión en el paraje conocido como Río Miel. Han transcurrido 21 años sin que el Estado haya tenido voluntad política de solucionar la problemática, a pesar de haber firmado hace una década un acta de compromiso en la cual accedía apagar las mejoras efectuadas por los invasores.
En el caso de la bahía de Tela, se han acumulado las denuncias sobre despojos, ventas de tierra ilegales a foráneos sin que los juzgados de Tela hubieran citado a ninguna persona. Nuestra organización ha incoado mas de un centenar de denuncias en relación a usurpaciones ante la Fiscalía de las Etnias, las que reposan en un limbo jurídico.
Prueba de la complicidad que existe de los operadores de justicia para que prosperen los despojos en detrimento del pueblo Garífuna, es el caso reciente del Juzgado de Tela quien se extralimitó acosando a la difunta Sra. Eligio, manteniendo en secreto el nombre del supuesto propietario del terreno «usurpado».
Estado fallido, aplicación de justicia y las ciudades modelo
A partir del arribo de las compañías bananeras a inicios del siglo XX comenzó la desterritorialización de nuestro pueblo, situación que se agravó a partir de la década de los años 80 cuando comenzó la quimera del turismo. Pero es a partir del golpe de estado que se perfila inminente expulsión con la demolición de Río Negro y la formulación del enclave neocolonial denominado ciudades modelo.
La sentencia de inconstitucionalidad emitida sobre las Ciudades Modelo conllevó a un golpe mas por parte del Congreso Nacional, en esta ocasión dirigido al Poder Judicial. Mientras tanto Honduras se sume en una espiral de violencia, y el crimen organizado controla enormes franjas del territorio nacional.
Una de las supuestas ciudades modelo abarcará 24 comunidades, consideradas el santuario cultural de nuestro pueblo, ante la preservación del idioma y tradiciones. Casualmente esta franja está bajo el control de algunos señores feudales ligados al crimen organizado. El temor se ha convertido en una formula de despojo silenciosa, sin que hasta la fecha se conozca con certeza las transacciones de terrenos, las cuales en muchos casos se han efectuado bajo amenazas.
El estado fallido inducido en Honduras es la condición óptima para imponer desplazamientos poblacionales y saqueos territoriales en beneficio de la elite de poder nacional y el capital extranjero. El acaparamiento de tierras que se está dando en los países mas pobres del planeta, casualmente va acompañado del colapso de los sistemas de justicia, además de guerras fratricidas.
La comunidad de Durugubuti, San Juan Tela y las medias cautelares de la CIDH.
El 7 de julio del año 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dictó medidas cautelares a favor de la comunidad de Durugubuti. Entre otras las medidas solicitan al Estado: «Proteger y respetar el derecho de propiedad sobre las tierras ancestrales pertenecientes a la Comunidad de San Juan. En especial, tomen las medidas necesarias para evitar o suspender la ejecución de cualquier acción judicial o administrativa que afecte el derecho a la propiedad ancestral de la comunidad de San Juan«.
Una vez mas el Juzgado de Tela obvió la aplicación de las medidas cautelares a favor de la comunidad de Durugubuti, de la cual era miembro la Sra. Feliciana Eligio Suazo. Ademas el denigrante trato concedido por los operadores de justicia, los cuales obraron con la mayor frialdad e imprudencia ante una anciana terrorizada.
Sambo Creek, 8 de Febrero del 2013
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
ofraneh 